LEY CORCUERA. JUECES PARA LA DEMOCRACIA CONSIDERA INSATISFACTORIA LA NUEVA REDACCION DE LA LEY
El texto se ha copiado correctamente en el portapapeles
La Asociación Jueces para la Democracia no está satisfecha con la nueva redacción del polémico artículo declarado inconstitucional de la "patada en la puerta" de la 'Ley Corcuera' que está elaborando el Ministerio de Justicia e Interior, según afirmó hoy el portavoz de la asociación, Cándido Conde Pumpido. Mientras la anterior redacción señalaba que era necesario un "conocimiento fundado" que llevara a las fuerzas de seguridad a la "constancia" de que en un domicilio se estaba cometiendo un delito, permitiéndoles así la entrada en la vivienda, la nueva precisa que las fuerzas de seguridad deben tener "el conocimiento o percepción evidente de que se está cometiendo o se acaba de cometer" un delito relacionado con el tráfico de drogas.
Conde Pumpido dijo que aunque la nueva redacción mejora la anterir "no nos satisface", ya que, en opinión de la asociación, sería necesario que la expresión "evidente" se extendiese no sólo a la percepción, sino también al conocimiento de que se está cometiendo un delito.
Por otra parte, Conde Pumpido volvió a criticar la reciente fusión de los ministerios de Interior y Justicia, que, a su juicio, fue precipitada y se debe a la coyuntura política actual y planteó una serie de exigencias de Jueces para la Democracia al nuevo departamento.
Una de ellas es la creción de una policía judicial "efectiva", que dependa exclusivamente de los jueces y concretamente del Consejo General del Poder Judicial, con el fin de garantizar su independencia en las investigaciones.
En su opinión, el ministerio debería crear una comisión que diseñe la nueva policía judicial, que no dependa de sus mandos naturales, sino que sus funcionarios tengan inamovilidad y dedicación exclusiva, bajo la dependencia de los jueces.
Jueces para la Democracia exige también un reforzamiento d la autonomía del fiscal general del Estado con el fin de que no sea "un apéndice togado" del Ministerio de Justicia e Interior, sino que sea nombrado por el Parlamento o mediante otra fórmula que garantice su independencia.
De este modo, en su opinión, el fiscal general ganará credibilidad, "mucho más necesaria en estos momentos en que la sociedad está preocupada por la corrupción". Conde Pumpido agregó que el actual fiscal, Eligio Hernández, no goza entre la opinión pública de la suficiente imagen d imparcialidad, por lo que consideró conveniente su relevo.
Otra de las reivindicaciones de la asociación es la dotación al Consejo General del Poder Judicial del conjunto de medidas que le permitiesen tener más competencias, especialmente en medios materiales, humanos y económicos.
En relación al máximo órgano de Gobierno de los jueces, el portavoz de Jueces para la Democracia reiteró su censura a los grupos parlamentarios por poner los intereses partidistas por encima de la necesidad de cubrir as vacantes de ese órgano.
"No se puede seguir devaluando al Poder Judicial y dejar al tercer poder del Estado en su esqueleto", destacó Conde Pumpido, quien agregó que eso demuestra "una falta de interés" de los partidos, a quienes acusó de boicotear los nombramientos y de hacer depender la designación de la cobertura de otras instituciones.
El portavoz de la asociación dejó claro, por otro lado, que aunque el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, y sus dos 'viceministras' perteecieron a Jueces para la Democracia, sus actuaciones en ese departamento las realizan siguiendo el programa del PSOE y no el de la asociación, por lo que anunció que continuarán criticando sus decisiones.
Asimismo, aunque no quiso pronunciarse sobre la medida de libertad bajo fianza de Mariano Rubio, dijo que en este caso en principio se han cumplido los requisitos legales y procesales y, personalmente, se mostró partidario de las comisiones parlamentarias de investigación, que, a su juicio, no tienenporqué interferir en el campo judicial si se atienen a la investigación del ámbito político.
Finalmente, se opuso a una posible excarcelación de los ex policías José Amedo y Michel Domínguez, condenados a 108 años de cárcel por su relación con los GAL, dada la gravedad de los hechos, y agregó que una política de impulso a los derechos humanos no es compatible con una "tibieza" del Gobierno en este asunto.
(SERVIMEDIA)
20 Mayo 1994
S