En declaraciones a la Cadena Ser, Guardans aseguró que CiU ha presentado "un centenar de enmiendas y en el trámite parlamentario esta ley va a ser absolutamente machacada y lo que salga no tendrá nada que ver con lo que ha entrado".

Se mostró convencido de que esta norma atenta contra los derechos fundamentales, apreciación en la oinciden también los demás partidos de la oposición, para quienes conculca el derecho de asilo de los refugiados políticos, entre otras cosas.

El diputado de CiU justificó el contraste entre estas duras palabras y las formuladas ayer por el portavoz de su grupo apuntando que en este asunto la portavocía le corresponde a él, pero que no pudo ejercerla porque viajó en avión a Madrid y llegó tarde al pleno del Congreso debido a que se cambió el orden del día y la Ley de Cooperación pasó a ser el primer pnto de debate.

El diputado de CiU remachó que quieren dejarle claro al Gobierno "que no tiene mayoría para sacar adelante esta ley, que ojalá no la hubiera presentado nunca, que nos hubiera gustado que esta ley no hubiera entrado en el Parlamento, pero que una vez ha entrado, le presentamos las enmiendas y las aprobamos con los votos del Partido Popular o con los votos de quien nos quiera seguir, en este caso estoy seguro que todos los demás grupos, porque nosotros hacemos propias la gran mayoría de ls observaciones del Partido Socialista y de Izquierda Unida incluso, que son las de Amnistía Internacional".

Añadió que "es el único país de toda la Europa occidental que pretende que su Parlamento apruebe una ley como ésta; por tanto, es el Gobierno quien se ha metido en este callejón y sólo el Gobierno será el que tendrá que transigir para cambiar".

Guardans admitió que puede tener dudas sobre la actitud que adoptó ayer su grupo parlamentario, si bien encontró como justificación que apoyar la dvolución de un proyecto al Gobierno hubiera dado la impresión de una disensión política de fondo con el Ejecutivo.

El diputado de CiU explicó que el mismo Consejo de Estado, una institución consultiva del Gobierno presidida por Iñigo Cavero a la que describió como no sospechosa de connivencias con la oposición, ha emitido un informe sobre esta ley en el que pide al Gobierno que la retire.