Las mismas fuents han indicado que el calendario previsto para la tramitación de esta reforma se haría por la vía rápida, con un plazo de enmiendas que se abrirá el día de diciembre y se cerrará el día 5, con el fin de poderlo ver en el pleno del Senado el día 20 del mismo mes, y remitirlo al Congreso para su ratificación en los primeros días de enero.

La reforma de la Ley de Contratos aprovechando un decreto de sequía responde al reciente pacto alcanzado entre PSOE, PP y CiU, para atender las demandas de las principles constructoras del país, preocupadas por la parálisis que esta normativa ha supuesto para la licitación de obra pública, así como para la contratación de empresas con directivos sometidos a procesos judiciales.

Con la elección del decreto de sequía del pasado mes de mayo, para introducir la reforma, los grupos políticos evitarán que su acuerdo quede paralizado por la convocatoria de elecciones generales en marzo.

Entre las revisiones que PSOE, PP y CiU han pactado figura que la Administración ueda tramitar expdientes de licitación mientras se gestionan los procesos de expropiación de terrenos, extremo que no es posible con la ley actual, y que ha provocado retrasos importantes, seis meses, en proyectos de obra como el de la M-40 a su paso por el Monte del Pardo, en Madrid.

Los informes de las patronales recibidos por los responsbales políticos han contribuido a que se aproveche también la reforma, para aplicar rebajas en las fianzas del 100% del contrato que debe depositar una empresa, cuado obtiene la adjudicación después de haber licitado a la baja.

SATISFACCION DEL MOPTMA

Fuentes del MOPTMA han señalado a Servimedia su satisfacción por este acuerdo, ya que les permitirá restablecer la situación anterior a la Ley de Contratos y acabar con la acumulación de expedientes de licitación que ha provocado, lo que esperan se produzca en el plazo de unos meses.

Sin embargo, han precisado que esta ley no resolverá la polémica suscitada como consecuencia de la imposibilidad de contratar on empresas cuyos directivos esten inmersos en procesos judiciales por delitos económicos, como falsedad, cohecho, malversación, tráfico de influencias, tráfico de información privilegiada o delitos contra la Hacienda Pública.

Los responsables del MOPTMA han señalado que esa cuestión sólo se resolverá mediante el desarrollo reglamentario de la Ley de Contratos, que está siendo discutida con el Ministerio de Justicia e Interior, con el fín de permitir que se contrate con estas empresas siempre que no eiste una sentencia en firme.

El desenlace de la revisión de la Ley de Contratos se produce a raíz de que los tres grupos políticos que la han pactado se reunieran el pasado jueves, día 23, para intentar desbloquear las conversaciones abiertas el pasado mes de setiembre.

CEOE, y las patronales de la construcción (Seopan y CNC) son las organizaciones que más presiones han ejercido sobre el MOPTMA y el Ministerio de Economía para lograr una revisión de la ley, en la línea en que el propio departameno de José Borrell había decidido aplicar la normativa.