Lo anunció el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la aseveró que esta nueva legislación tiene como objetivo “proteger, impulsar y facilitar el desarrollo de una de las grandes industrias” españolas y adaptar la norma (la anterior databa de 2007) a un sector que ha vivido una “evolución importante” en los últimos años.

El ministro subrayó que la Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual es una norma “hecha con el sector y muy demandada por el sector” y abundó en que su redacción se hizo “en el periodo del ministro Iceta” y continuó con el “actual equipo” del departamento que dirige.

Reconoció que “no hay cambios” en el texto presentado respecto del realizado en su momento por su antecesor en el cargo, Miquel Iceta. Desde la máxima de que la norma se ha pergeñado con el “consenso del sector”, Urtasun esperó que reciba “el máximo consenso” entre los grupos parlamentarios.

Luego de agradecer a Iceta y al Ministerio de Transformación Digital, en su calidad de coproponente de la norma, su trabajo en la redacción del texto, detalló sus principales contenidos.

Entre ellos, puso de manifiesto que la Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual “fortalece y pone en valor toda la cadena de la producción cinematográfica, desde la escritura de guiones hasta la distribución”; “defiende los derechos de autor”, precisando que la Ley de Producción Intelectual será de aplicación a todas las producciones que tengan lugar en España; “promociona la diversión cultural de España y el fomento de la igualdad y la protección de los productores independientes”, a los que se dará prioridad en la concesión de los fondos de protección cinematográfica; y pone negro sobre blanco “lo que ya era una realidad”: que en las convocatorias de las subvenciones se reservará un 35% de las ayudas a proyectos dirigidos por mujeres.

Además, “promueve y defiende la pluralidad lingüística”, incorporando la protección y la promoción de las lenguas con reconocimiento estatutario, no sólo el castellano y las cooficiales, como sucedía hasta ahora; incluirá a las series como contenidos susceptibles de recibir ayudas públicas, adaptándose a los nuevos hábitos de consumo de los españoles; “protegerá como bien de interés cultural al conjunto del patrimonio cinematográfico español”; aporta “transparencia en materia de datos”; y crea el “Consejo Estatal de Cinematografía y Cultura Audiovisual”, que “articulará la relación estable entre las administraciones y el sector”.

Urtasun dejó claro que esta norma nace con “vocación de permanencia” y con el objetivo de “dotar al sector de un marco amplio, con normas claras, y dar estabilidad a una de las grandes industrias culturales de nuestro país”.

Por último, destacó que el cine español “nunca ha tenido una mayor protección” que con el Gobierno de coalición y atestiguó que la norma busca “dar un impulso definitivo para seguir situando a España en el podio de las producciones cinematográficas europeas y globales”.