En un comunicado, el portavoz de STES, Augusto Serrano, dijo que el Gobierno "está cediendo a as presiones de la jerarquía católica", pese a que los tribunales han rechazado este escenario en varias ocasiones.

"Esta medida es una provocación más de la señora ministra de Educación, que, sabiendo que es anticonstitucional, la plantea para distraer ante los auténticos ataques a la enseñanza pública que está planificando incluir en su mal llamada 'ley de calidad", señaló.