E su recurso, el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias denuncia que algunos artículos de esta ley orgánica son inconstitucionales porque atribuyen al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte facultades que el Estatuto de Autonomía adjudicó a la comunidad.

Por ello, pide que se anulen disposiciones como dar potestad al Ministerio de Educación para gestionar los programas de cooperación territorial en materia de enseñanza, así como reconocer al Gobierno la competencia para dictar normas básica con eficacia en el ámbito competencial autonómico.

Asimismo, el Gobierno de Asturias acusa al Ejecutivo central de limitar con esta ley la participación de las comunidades autónomas en diversas cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la elaboración de las pruebas, las titulaciones o la formación del profesorado. Además, cree que se puede quebrantar también el derecho de los padres a la libre elección de centro educativo.