Tras registrar el recurso en la sede del Alto Tribunal, Valverde afirmó que ha decidido pedir la inconstitucionalidad de 30 de los 145 preceptos de la ley.

Como ejemplo de la "intromisión" que supone la ley en las potestades autonómicas puso como ejemplo la posibilidad que se reserva el Gobierno central de establecer determinados planes de formación del profesorado, actuaciones relacionadas con la diversidad del alumnado o de organización del sistema eduativo.

Valverde llamó la atención sobre el hecho de que la ministra Pilar del Castillo no haya hablado todavía "nada en absoluto de financiación".

"La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas viene a sancionar que quien legisla paga, y si la Ley de Calidad trae aparejados cambios, deberá ser el Gobierno central quien los sufrague", indicó.