Tras calificar la ley de "antigua, autoritaria y antisocial", ambas organizaciones indican que se trata de una normativa "que aniquila los pilares que, hasta ahora, habían caracterizado al sistema educativo de este país, un sistema basado en laigualdad de oportunidades y la defensa de la escuela pública".

FAEST y CANAE consideran que ha faltado diálogo por parte del Gobierno, como lo demuestra el hecho de que la ley haya sido aprobada sólo con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular y de Coalición Canaria.