Así lo explicaron hoy los responsables de los cuatro grupos políticos tras cerrar el acuerdo, al tiempo que precisaron que sobre un mercado potencial para España de unos 16 millones de abonados, dicha limitación equivale a un tope de entre el 10% y el 12% del mercado potencial del cable.

Genaro García Arreciado, representante del PSOE en las negociaciones, explicó que se esta medida pretende ser una garantía para evitar posiciones de dominio de mercado por parte de alguno de los futuros grupos empresariales que optan a este negocio.

No precisó, sin embargo, que la principal perjudicada por esta limitación será Telefónica, y por su alianza con ésta Canal+, que podría haber optado, de la mano de la operadora controlada por el Estado, a una "tajada" del mercado muy superior dada su fuete implantación en todo el teritorio nacional.

También supone una limitación para Telefónica el hecho de que se le impida operar en cualquier demarcación de cable que se cree por toda la geografía española hasta nueve meses después de conocer la operadora con la que competirá en este territorio.

Otro de los puntos de litigio con las diferentes administraciones, el de la potestad para adjudicar las licencias, se ha saldado definitivamente con la creación de una mesa de contratación para cada demaración, en la que el MOPTMA, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, tendrán una presencia del 50%, 25% y 25%, respectivamente.

El presidente y uno de los vocales de cada una de estas mesas serán designados por el MOPTMA, y el voto del primero servirá para dirimir empates entre los demás miembros de la mesa en la toma de decisiones.

El proyecto incluye también la concesión de las licencias de cable por quince años, con capacidad de renovarse después sucesivamente por periodos de cinco años,así como la libre decisión del concesionario de crear su propia red de cable o bien utilizar las infraestructuras que ya existen, incluidas las que estén en posesión de las comunidades autónomas.

Los concesionarios podrán utilizar su propia red para dar servicios de valor añadido, cuando dispongan del título habilitante para hecerlo y estarán en la obligación de ofrecer el 40% de su oferta audiovisual a programadores independientes, salvo que no exista una oferta suficiente.

El proyecto de ley eniende por programador independiente a aquellos propietarios de contenidos que son ajenos al operador de cable tanto directa como indirectamente, y ya sea por razones de propiedad como de participación financiera.