El PN entiende que las competencias del País Vasco en materia de seguridad pública son suficientes para estar presentes en el proceso de lucha contra el blanqueo de dinero, pero aspira a que tambien se le otorguen competencias para sancionar los hechos. Para cerrar este círculo, el PNV ha planteado asímismo, la presencia de las Comunidades Autónomas en la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales que será el órgano coordinador de toda la política de represión de esta actividad.

Todos los grupos parlmentarios relevantes han presentado enmiendas, en función de sus distintas sensibilidades, a este proyecto de ley sobre el que la Comunidad Europea muestra un especial interés y que ha levantado "ampollas", especialmente en el sector bancario, además de otros sectores como el inmobiliario, especialmente apropiados para dar cobijo a operaciones de blanqueo de dinero procedente de actividades delictivas.

El Parido Popular, ha presentado enmiendas parciales modificando su estrategia en la tramitación actal de la Ley, ya que en su anterior paso por el Congreso, con anterioridad a la convocatoria de las últimas elecciones generales, enmendó en su totalidad el proyecto.

Los populares no quieren que el presidente de la Comisión sea el Secretario de Estado de Economía sino el Fiscal Especial Antidroga. El poder que la presidencia de dicha comisión otorgaría al Ministerio de Economía no es bien vista por los bancos, que si bien han manifestado su voluntad de cooperación temen que Economía pueda utilizar es poder para extender la represión a toda clase de dinero negro y no sólo al procedente del narcotráfico, terrorismo y bandas organizadas como establece el proyecto de ley.

La banca ha sido especialmente beligerante en esta cuestión con el objetivo de que la información que ellos faciliten a la Comisión no pueda ser utilizada para perseguir el fraude fiscal, sino solamente los delitos mencionados anteriormente.

TODO TIPO DE FRAUDE FISCAL

Izquierda Unida pretende, precisamente, con una de sus enmendas atacar frontalmente este planteamiento al extender la necesidad de información a las "actividades delictivas relacionadas con el incumplimiento de la normativa fiscal" con lo que esta ley ampliaría el objeto de su lucha haciéndolo extensivo a todo tipo de fraude fiscal.

El PP ha presentado otra enmienda, que recoge otra de ls preocupaciones del sistema bancario, destinada a limitar la capacidad que el proyecto de ley concede a los trabajadores de las entidades bancarias de transmitir directament a las autoridades la información, estableciendo como únicos cauces a este efecto a "tres representantes designados por las entidades, o en su caso, el presidente del Consejo de Administración o equivalente de la Entidad".

El PP propone tambien que los fondos enajenados o requisados no sean utilizados en la "represión" sino en la "prevención" a la hora de la lucha contra el blanqueo de capitales.

Convergencia i Unió, por su parte, ha asumido la defensa de las entidades aseguradoras, que en esta neva redacción del proyecto de ley quedan sujetas a la obligación de informar a estos efectos. CiU propone en una de sus enmiendas que se precise aquellos supuestos en los que estas entidades estarán obligadas a informar a la Comisión.

El PSOE, a través de su grupo parlamenmtario pretende un endurecimiento del texto en la medida que propone la tipificación expresa del delito de blanqueo de capitales, así como la ampliación de los supuestos de infracciones muy graves, y la amplación, asimismo, a los órgnos colegiados de las responsabilidades en las infracciones muy graves en los casos de dolo o negligencia.

El Partido Socialista plantea tambien una intensificación de las sanciones que incluiría la sanción económica en todos los casos, así como la amonestación pública, además de la multa, en todas las infracciones muy graves.

El Grupo Parlamentario Socialista aspira tambien a una modificación en la composición de la Comisión que dé entrada a una "adecuada representación de la Delegación del Gobirno para el Plan Nacional sobre Drogas y del Ministerio Fiscal", lo que de hecho representa la pretención de integrar a Baltasar Garzón, o alguno de sus colaboradores, en este proceso.