Sin embargo, el legislador deja abierta una vía para que el trabajador de banca, aunque con carácter excepcional, pueda denunciar directamente a la Autoridad sus sospechas sobre determinados movimientos sin pasar por el órgano central de recpeción de denuncias que cada entidad ha creado yapara relacionase con la Administración. Una salida, que, a pesar de su carácter extraordinario, no ha gustado a la banca.

De igual modo, el actual proyecto de ley amplia, respecto al primer borrador, las instituciones que están sometidas a la obligación de informar. Así, entran en juego las inmobiliarias, no contempladas en el primer borrador, y protagonistas de un sector considerado como el más utilizado para blanquear dinero procedente del narcotráfico.

El proyecto de ley sobre blanqueo de capiales, cuya gestación dura ya más de un año, vió interrumpida su tramitación legislativa por la convocatoria electoral de la pasada primavera. Se trata de una de las normas más solicitadas por la Comunidad Europea, que ha desarrollado una normativa a la que pretende se adapten las legislaciones nacionales.

A pesar de la sofisticación financiera que practican los grandes clanes del narcotráfico, lo cierto es que la clave del blanqueo sigue siendo la necesidad de transfornmar en activos financieros o inobiliarios el dinero físico procedente de la venta de droga.

Por eso, aún con la legislación en tramitación, los grandes bancos y las mayores cajas de ahorro han realizado campañas de formación entre sus plantillas. La mayoría de estas campañas parten de una regla de oro: comunicar toda entrega de dinero físico que supere los cinco millones de pesetas, sobre todo si el portador es un cliente desconocido en la sucursal.

La Ley de Blanqueo de Capitales pergeña un panorama de lucha contra el narcotrfico en el que las entidades financieras se convierten en los ojos y los oídos de la autoridad. Todo el sistema tiene su cima en la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones monetarias, dependiente de la Secretaría de Estado de Economía, que canaliza las denuncias y abre las investigaciones.

La ley prevé fuertes penas para las instituciones que no colaboren con la Comisión, penas que pueden llegar hasta la retirada de la licencia para ejercer como banqueros, sin olvidar las fueres multas previstas.