Una enmienda introducida por el PP en el trámite en la Cámara Alta pretende "cerrar el círculo" sobre la organización terrorista ETA y "dejar sin ayudas públicas a todas las asociaciones que hoy componen ese entramado mafioso que supone ETA", según explicó el senador popular Vicente Ferrer, quien se congratuló además del alto grado de acuerdo alcanzado con el resto de formaciones políticas.

El texto de la ley aprobada hoy en el Senado y que deberá recibir el último refrendo en el Congreso de los Diputados establece que "los poderes públicos no facilitarán ayuda alguna a aquellas asociaciones que promuevan o justifiquen el odio o la violencia contra personas físicas o jurídicas, o enaltezcan o justifiquen los delitos de terrorismo o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas".

Los partidos políticos también llegaron a acuerdos en otras materias de esta ley, o que se sustanció en la retirada de los tres vetos presentados inicialmente por el PSOE, la Entesa Catalana de Progrés (PSC y ERC) y el Grupo Mixto, la aceptación de varias enmiendas de los socialistas y la aprobación sin votos en contra de la mayor parte de los artículos de la ley.

Así, el PSOE logró que la mayoría absoluta del PP corrigiera "la desigualdad entre las asociaciones de carácter laico y las de carácter religioso", que los populares "pretendían sacar de esta ley y sacar del registro nacinal de asociaciones", según explicó en rueda de prensa la secretaria de Movimientos Sociales y ONG del PSOE, Leire Pajín.

También hubo acuerdo en otras reivindicaciones socialistas, como el asunto de la remuneración de los cargos directivos "para que las asociaciones, siguiendo sus estatutos, tengan autonomía para estipular qué cargos directivos deben ser remunerados para sacar adelante su asociación en el día a día", dijo Pajín, o la enmienda para favorecer a aquellas organizaciones que tengan voluntrios.

En cualquier caso, la diputada socialista destacó ambas formaciones "seguimos teniendo dos modelos distintos de ley de asociaciones", especialmente en la necesidad de que se regule el derecho de asociación para los extranjeros, independientemente de su situación legal, y para los miembros de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil;

Asimismo, Pajín destacó que el Gobierno debería haber aprovechado esta ley para crear mecanismos de participación directa de los colectivos y los ciudadanos en lo asuntos públicos, a través de un Consejo Superior de Asociaciones.

Por su parte, el senador del PSOE Juan Alberto Belloch incidió en el derecho de asociación para los extranjeros y remarcó que es un tema que está pendiente en el recurso de inconstitucionalidad contra esta ley que presentó su partido y del que está convencido que resultará favorable.