El informe compara el procedimiento con el que utilizan otros órganos de la Cámara, en particular el Pleno, que realiza en ocasiones declaraciones institucionales reprobando o aprobando ciertas situaciones, acontecimientos y circunstancias o "simplemente manifestándose sobre las mismas, aún cuando las competencias del Pleno previstas en el Reglamento no figure la de aprobar, reprobar o pronunciarse".

A juicio de los juristas de la Cámara, las manifestaciones de naturaleza política son "perfectamente posibles" en una institución como el Congreso de los Diputados, de naturaleza "igualmente política".

Añade que "el hecho de que el Reglamento establezca un cauce procedimental específico para la aprobación de las conclusiones que son exigibles a las Comisiones de Investigación, no determina la imposibilidad de que las citadas Comisiones se expresen por otras vías y a través de medios distintos de los previstos reglamentariamente".

Asimismo, el informe jurídico da la opción de que las conclusiones previas se realicen como una declaración institucional y que se apruebe con el acuerdo unánime de todos los miembros de la Comisión, caso en el que no considera necesario abrir un debate.

Ofrece otra posibilidad, la de que los comisionados lo hagan como si se tratase de un conjunto de propuestas o recomendaciones relacionadas con los mismos hechos, "sobre las cuales no existiese parecer unánime de toda la Comisión".

En este último supuesto, sería necesario, según los letrados de la Cámara, abrir algún tipo de debate que asegure a los grupos y diputados proponentes defender el texto propuesto y a los discrepantes la posibilidad de formular objeciones respecto al texto que se proponga.

En este caso, según el informe, no se trataría de enmiendas en sentido técnico y bastaría con "asegurar un cauce que permita a quienes sostengan posiciones contrarias... influir en el contenido del texto finalmente aprobado".