Los letrados rechazan la negociación llevada a cabo entre los sindicatos generalistas y el Ministerio porque los acuerdos alcanzados no se ajustan a sus reclamaciones y a lo establecido en la ley e insiste en reclamar las retribuciones que les corresponden de acuerdo a las “funciones y responsabilidades” que asumen desde hace más de una década.

La protesta está siendo impulsada por la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia, la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia y la Plataforma por la adecuación salarial y la negociación profesional de Colegio de Letrados de la Administración de Justicia (CLAJ).

Los letrados muestran su “absoluto rechazo” al acuerdo alcanzado por los sindicatos generalistas con el Ministerio de Justicia, que contempla la percepción de 195 euros mensuales, cantidad de que no se corresponde con la adecuación salarial a la que obliga la Disposición Adicional 157 de la a Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

Este colectivo insiste en que esa compensación salarial es un “necesario reconocimiento” a su labor y a la progresiva asunción de competencias que se ha producido de forma “gratuita” tras las últimas reformas legislativas.

El próximo 26 de enero exigirán, paralizando el funcionamiento de la administración de Justicia, el abono inmediato de los 195 euros mensuales con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2021, “única y exclusivamente como pago parcial de la adecuación salarial a que obliga la Ley de PGE”.

Reclaman un nuevo acuerdo salarial con equiparación al resto de grupos A1 de la Administración de Justicia, que acabe con una “discriminación sonrojante”, con otros cuerpos de funcionarios. Piden, además, un Estatuto profesional acorde con “las más de 600 funciones” que han asumido , que las sustituciones se paguen al 100% , la modificación del reglamento, el sistema de categorías y grupos de población, el escalafón, los concursos de traslado, el plan de prevención de riesgos laborales y retribución del Letrado encargado del Registro Civil, entre otras.

Asimismo, piden una auditoría y control de los fondos que recibirá el Ministerio de Justicia para la transformación digital procedentes de los fondos europeos y un verdadero impulso a la eficacia y eficiencia digital y a los medios personales.