Así lo manifestó hoy el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, tras la firma del convenio de colaboración con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para mejorar, a través de Internet, el sistema de visitas que los letrados realicen a sus clientes presos.

Tras explicar que de los 73 subsaharianos expulsados, 7 tienen reconocido el derecho de asilo en Marruecos, Carnicer señaló que habrá que investigar por qué estas personas fueron expulsadas sin que se notificara a su letrada ese trámite.

Reconoció que en "situaciones extraordinarias" como las avalanchas de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla se cometen errores, lo que no quita para que el CGAE los denuncie. A su juicio, se trata, no ya de un problema de inmigración, sino de "fugitivos del hambre, de gente que escapa del hambre", y los políticos deben trabajar para solucionarlo, especialmente en los países de origen.

"Hay que actuar en los países de origen. Ni las medidas de seguridad ni las medidas jurídicas van a evitar estas avalanchas", dijo, y añadió que el problema "no lo vamos a solucionar en nuestras fronteras".