Sobre este asunto, Leguina afirmó al concluir el encuentro que "si se territorializan los gastos sociales, se pone en evidencia la propia estructura cohesionada del Estado".

En opinión del presidente madrileño, "no tiene sentido que para financiar hoy los servicios corrientes que tienen todas las comunidades (transportes, vivienda y servicios sociales) haya una diferencia abismal entre lo que se financia en una y en otras por habitantes. El eje más llamativo es ExtremaduraMadrid, pero hay otros más sorprendentes, como la diferencia entre Murcia por abajo, en cuanto a financiación pobre, y la Rioja por arriba, que no tiene ningún sentido".

Joaquín Leguina, tras indicar que espera que la cesión del IRPF se resuelva pronto, porque es un acuerdo "bueno para España y Madrid", entregó a Saavedra un memorándum con cuestiones pendientes entre la CAM y la Administración central, entre ellas el transporte, la vivienda, la sanidad y el acceso de algunas zonas de la capital a lasayudas europeas.

Otro de los asuntos abordados por ambos dirigentes fue el de las transferencias a la CAM. Leguina afirmó que aunque no hay "pegas de principio", las nuevas competencias no pueden originar "más déficit" al Gobierno autónomo.

Puso como ejemplo la oferta de la Administración para la vigilancia y control de las máquinas tragaperras, que no puede aceptarse, ya que el Estado cede dos funcionarios para controlar las 180.000 máquinas que existen en la región.

Jerónimo Saavedra declaó, por su parte, que el proceso de traspasos competenciales "va a buen ritmo" y que el Inserso y las universidades serán los primeros servicios en ser transferidos.

Además de estos temas -"que no plantean problemas singulares", dijo el ministro-, Leguina y Saavedra intercambiaron puntos de vista sobre la corresponsabilidad fiscal. "La posición de la CAM es clara y Leguina apoya este camino que se ha puesto en funcionamiento a través de la participación del 15% del IRPF", subrayó Saavedra.

El minitro concluyó señalando que espera que el acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se cierre el próximo 7 de octubre, y dijo que este es un sistema "transitorio, experimental, y en 1996 habrá que sentarse de nuevo a hablar y algunas CCAA plantean empezar de cero".