Leguina se mostró partidario de primar, en esta primera etapa del instituto, la calidad en la enseñanza, que para los jóvenes se traduce siempre en la creación de puestos de trabajo.

Añadió que el modelo de formación de la región debe tener capacidadpara atraer más fondos del Ministerio de Trabajo, por lo que aprovechó la ocasión para solicitar de este gabinete más ayuda para que los jóvenes adecuen su preparación a las necesidades empresariales.

En el acto participó también Fernando Fernández Tapia, presidente de la Confederación Empresarial Independiente Madrileña (CEIM), que a pesar de sus discrepancias por la composición del Consejo de Administración del Instituto para la Formación, aseguró que su organización no pondrá en peligro el fomento el centro.

Por su parte, Rodolfo Benito, secretario regional de CCOO de Madrid, aprovechó la oportunidad para pedir que la Comunidad asuma las competencias de formación y que éstas se apliquen con la mayor rapidez posible.

José Luis Daza, secretario general de UGT de Madrid, añadió que hoy es un gran día para los trabajadores "porque los jóvenes tienen muchas esperanzas en el buen funcionamiento de este organismo", indicó.

EJES DE TRABAJO

En su opinión, el Instituto debe tener tres ejes detrabajo: adecuar la formación a las especialidades laborales, centralizar todas las ayudas en materia de formación y que éstas no estén diseminadas como en la actualidad por las distintas administraciones, y vigilar que las empresas no dediquen estos fondos para otras actividades.

Jaime Lissavetzky, consejero de Educación, señaló que el próximo jueves el Consejo de Gobierno, en su reunión ordinaria, nombrará al nuevo director del Instituto, que a partir de ese momento iniciará sus actividades.

Riardo Rodríguez Contreras, antiguo director general de la Comunidad madrileña, es la persona que el Gobierno autónomo ha elegido para ese cargo.

El Instituto Madrileño para la Formación, en el que están representados los sindicatos, la Administración y la patronal regional, tiene como objetivo fomentar e impulsar el desarrollo económico, según las competencias atribuidas por el Gobierno autónomo, que se incluyen en la política económica nacional.

Está obligado, asimismo, por la Constitución a promver las condiciones favorables para el ascenso social y económico, y también se le reconoce la capacidad de formar empresas públicas como medio de ejecución de las funciones que sean de su competencia.