Así se recoge en un estudio liderado por Francisco Valera, de la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA) -perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)- y en el que colaboraron investigadores de la Universidad de Almería.

La puesta en práctica de esas normativas implica, entre otras medidas, que los Estados miembro de la UE identifiquen áreas preferentes para instalar energías renovables (‘go-to areas’), en cuyos proyectos se exime del procedimiento de evaluación de impacto ambiental y de la participación pública.

Para evitar efectos adversos sobre el medio ambiente, esas normativas proponen excluir del procedimiento de aceleración de renovables a determinadas zonas protegidas o medioambientalmente sensibles, que en España son las incluidas en la Red Natura 2000, en espacios naturales protegidos, así como en el mar.

El nuevo estudio, publicado en la revista ’Environmental Impact Assessment Review’, señala que las consecuencias del nuevo procedimiento para acelerar las renovables son negativas para las poblaciones de la ganga ortega, tanto a escala regional (Andalucía) como local (Campo de Tabernas, Almería).

PRIMERA EVIDENCIA

Los resultados demuestran que solo un 17,7% del territorio andaluz ocupado por esta especie está incluido en algún espacio protegido y que la información sobre la distribución de la ganga ortega que tienen las administraciones competentes apenas refleja, en el mejor de los casos, un 41% de la distribución real del ave en el Campo de Tabernas.

Además, el estudio ofrece la primera evidencia científica de extinción local de la amenazada ganga ortega por la falta de planificación territorial y de información veraz y actualizada para implementar la energía fotovoltaica.

“La participación de expertos en el procedimiento para la concesión de la autorización ambiental, aportando información científica fidedigna y actualizada, reduce hasta un 94% el impacto que tiene la implantación de plantas fotovoltaicas en la Ganga ortega en el área de estudio”, según Valera.

Este investigador apunta que “la eliminación de la participación pública que proponen las nuevas normativas supone prescindir de una medida eficaz para evitar efectos adversos de la implantación de la energía solar sobre la biodiversidad”.

Los países de la UE tienen dos años para designar las zonas más apropiadas para un desarrollo acelerado de las energías renovables. El estudio indica que el diseño correcto de las ‘go-to areas’ requiere de trabajos de campo específicos para conocer con exactitud el área de distribución de especies amenazadas.