Así, según la propuesta del PP, estos propietarios podrían presentar como gasto deducible la diferencia entr lo que deberían cobrar si se procediera a actualizar el alquiler y la que de hecho se sigue cobrando al inquilino.

Luis Ortiz y Teófila Martínez, diputados del PP, explicaron que no deben ser los arrendadores quienes soporten la carga de la no actualización, sino la sociedad en su conjunto.

Aseguraron que esta medida tendría un coste inferior en un 50 por ciento a la subvención, que está estudiando aplicar el Gobierno para estos propietarios. A su juicio, la Administración sería más proclive a éta última porque trataría posteriormente de trasladar este coste a las comunidades autónomas.

El PP ha presentado otras enmiendas de carácter fiscal, con medidas de acompañamiento a la ley como la exención o bonificación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en las viviendas de protección oficial que los inquilinos adquieran a su propietario, o la revisión del tratamiento fiscal de los fondos de inversión inmobiliaria.

Tanto Ortiz como Martínez aseguraron que tratarán de buscar también e máximo consenso en esta ley y que están "dispuestos con tal de llegar a un acuerdo a renunciar a algunos puntos que no sean fundamentales", en la Comisión parlamentaria sobre este tema que comenzará la próxima semana.

No obstante, el principal partido de la oposición considera como enmiendas "irrenunciables" la que defiende la actualización de las rentas de los contratos anteriores al "decreto Boyer", y la que propugna libertad de plazo entre las partes para los nuevos contratos, con la obligación derenovación obligatoria hasta cinco años si así lo quiere el inquilino (la LAU propone un único contrato fijo por cuatro años).

Otras de las enmiendas del Partido Popular hacen referencia a que en las subrogaciones de contrato tengan preferencia sobre sus hermanos los minusválidos con una discapacidad superior al 65 por ciento y la aceleración de los trámites de desahucio en caso de impagados.

25 AÑOS

En cuanto a los locales comerciales, el PP entiende que ha de propiciarse la continuidad de loscontratos vigentes anteriores a 1985 y plantea un plazo de hasta 25 años para los que el propietario sea una persona física. En el caso de las personas jurídicas, pide plazos de entre 18 y 5 años en función del capital social de la sociedad. Además, da dos plazos adiccionales de 5 años para casos especiales.

Además, propone que para esos contratos anteriores a la Ley Boyer se conserve el derecho de subrogación, así como los de tanteo y retracto. También plantea la eliminación de normas administrativasdurante cinco años para los empresarios que al cumplirse el contrato pierdan su fondo de comercio (por ejemplo, las farmacias, que durante ese tiempo podrían instalarse sin cumplir las distancias mínimas establecidas).