Según informó a Servimedia el letrado-jefe del Consejo de la Abogacía, Antonio Ruiz-Giménez, la ley de alquileres aprobada por el Gobierno plantea un trato desigual para las personas que desempeñan su trabajo desde su casa, ya que "les impone un régimen de extinción de su actual situación en 5 años, similar al fijado para negocios de más entidad como las grandes superficies".

Sin embargo, añadió, este trato no se aplica a otros neocios como los comerciantes, a los que sí se les permite una extinción de su régimen de alquiler en un plazo de 20 años, al igual que otros colectivos sociales.

El Consejo de la Abogacía elevó su petición al Defensor del Pueblo formalmente ayer por un acuerdo adoptado en su comisión permanente después de conocerse la ratificación del proyecto de ley en las Cortes.

El motivo de la polémica, según Ruiz-Giménez, es la disposición transitoria cuarta de la LAU, a la que se introdujo en el Senado un curto párrafo que equipara a los profesionales con los del párrafo anterior, es decir, los que tienen un régimen de extinción de cinco años.

En concreto, la demanda de los abogados, uno de los colectivos más afectados por la medida, hace referencia a la vulneración de los artículos 9 y 14 de la Constitución. En el primer caso por considerar que afecta al principio por el que los poderes públicos deben promover la libertad e igualdad de los individuos, y en el segundo, por alterar la igualdad de todos lo ciudadanos ante la ley.

Según el Consejo de la Abogacía, la práctica totalidad de las asociaciones profesionales de abogados se han sumado a su inciativa contra la LAU, como es el caso de la Intercolegial de Colegios Profesionales de Cataluña o la Unión Profesional, que engloba a más de un millón de profesionales titulados españoles.