El responsable de Obras Públicas dejó bien claro que la nueva normativa tiene consenso parlamentario suficiente para ser ratificada en las cámaras, aunque dijo que su trascendencia aconsejaría un respaldo político ún mayor que para la reciente reforma laboral.

También advirtió que las revisiones de rentas de alquiler que acomete no afectarán, ni a familias con ingresos anuales de menos de 3 millones de pesetas (3,5 veces el salario mínimo), ni a los inquilinos que dentro de diez años puedan haber cumplido los 65 años y estar en una situación de dificultad.

Con estas premisas, Borrell aprovechó la jornada de sábado para explicar a los medios de comunicación las principales novedades del proyecto aprobado elviernes en el Consejo de Ministros, y que dijo, vienen determinadas por un cambio en el mapa político del país resultante de las últimas elecciones.

El responsable de Obras Públicas asegiró que la propuesta del Gobierno es susceptible de moficarse en el Parlamento, pero anímó a los grupos políticos a no demorar mucho el proceso, por su convicción de que "hay muchas decisiones importantes de inversión pendientes de una mayor clarificación en las reglas del juego".

Además de favorecer la inversiíon recalcó, esa clarificación debería constribuir a reequilibrar el mercado español de viviendas de alquiler, y acabar con una situación "insostenible" en un país socialdemócrata europeo, como es que el mercado de renta se reduzca a la mitad, a pesar de un plan de vivienda que destina las mayores ayudas a este segmento del mercado.

De las 240.000 viviendas desarrolladas al amparo del plan del Gobierno, según el MOPTMA, sólo 12.000 tendrían como finalidad el mercado de alquiler a precios tasados. "Este pís no puede seguir pensando que la solución para el acceso a la vivienda es la compra", apostilló.

LA REFORMA

José Borrell dejó constancia de que la ley es "liberalizadora", en lo que se refiere a las condiciones de los contratos que se hagan desde su entrada en vigor, "lo deja prácticamente todo al acuerdo entre las partes", tanto en los alquileres para vivienda como para negocios.

Entre las novedades del segemento de viviendas en alquiler figura el derecho preferente de adquisición de la casa que recomendó el Consejo Económico y Social (CES), y la fijación de un periodo mínimo de 4 años en el que el inquilino no podrá sufrir aumentos anuales de renta superiores al IPC. Este derecho será renunciable previa indemnización al propietario.

El derecho de traspaso, para locales, y el de una indemnización por clientela, en el caso de que no haya acuerdo de renovación, son también aspectos novedosos.

REVISION DE RENTAS

Las mayores dificultades de comprensión de la ley están en el régimen trnsitorio que se fija para revisar las rentas antiguas, algo, dijo, que só.lo afectará a entre un 15 ó un 20 por cien del mercado, porque son los que superan las rentas de 3 millones por familia al año.

La filosofía de estas revisiones, explicó, es recuperar el IPC que no se ha ido incorporando al alquiler por su congelación de años, pero hacerlo de forma poco traumática para el inquilino, es decir, en un periodo largo y con aumentos graduales. El plazo será de 10 años para las viviendas y cinco para ls negocios.

En el primer caso, el aumento acumulativo será del 10 por cien sobre la renta que le habría tocado pagar ese año, de no haber existido la congelación, lo que se calculará teniendo en cuenta la renta revisada, la que se mepzó pagando, el IPC del momento en que se revisa y el del momento en que se suscribío el acuerdo.

Respecto a los locales comerciales o destinados a actividades productivas, la nueva LAU establece un calendario de resolución de contratos en virtud de la fecha en que sefirmaron, que dura entre 8 y 10 años si son negocios con más de cinco trabajadores, y entre 16 y 18, alargable otros cinco más en caso de haber traspaso, si no llegan a esa cifra de empleo.

COSTES DE REFORMAS

Entre el marasmo de normas, cálculos y fechas que contempla esta ley para revisar los alquileres, destaca una modificación que tendrá repercusiones en el mercado por la actual antiguedad del parque de viviendas alojadas en régimen de renta. Se trata de la posibilidad que se le ofrece al propietrio de traspasar los costes de reformas a los inquilinos.

No obstante, esta posibilidad tiene sus limitaciones, ya que el traslado de costes sólo podrá hacerse si lo ordena el juez, ante la mala conservación del inmueble, o si se trata de una obra pedida por el propio usuario de la vivienda.

Dada la antiguedad del parque, y para evitar que las sentencias judiciales se conviertan en un vía de escape para que los duelos de las viviendas intriduzcan cargas superiores a las fijadas por la ley, estas odrán introducirse paulatinamente en la renta durante diez años, con dos topes: que los recargos no superen en más de 5 veces la renta pactada, ni al salario mínimo vigente en térnimos anuales. En cualquiera de estos dos casos, será posible alargar la repercusión del coste de la obra en el alquiler durante más tiempo.