El juez insiste en que, antes de dictar el oportuno pronunciamiento sobre la responsabilidad civil del Estado, procede dar entrada en el procedimiento al abogado de la Administración para que pueda actuar en su defensa.

Liaño contesta así a las solicitudes remitidas a su juzgado por las acusaciones y por la fiscalía de la Audiencia Nacional en las que pedían que se diera traslado del sumario al abogado del Estado por la condición de funcionarios públicos de alguns de los procesados e imputados.

La fiscalía basa su solicitud en que, en caso de que se produzca una sentencia condenatoria, la Administración puede ser declarada responsable civil subsidiaria, por lo que tendría que indemnizar a las familias de los presuntos etarras.

Además, el juez se refiere al artículo 121 del vigente Código Penal en el que se señala que "el Estado responde subsidiariamente de los daños causados por los penalmente responsables de los delitos dolosos o culposos, cuando éstos ean autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos en ejercicio de sus cargos".

El representante del Estado tiene ahora que estudiar el sumario y ver si se persona o no en él. Como antecedente más cercano se puede citar el sumario abierto por el secuestro del ciudadano francés Segundo Marey, en el que el abogado del Estado sí está personado.