En un informe hecho público hoy, el fiscal considera que deben desestimarse los recursos presentados ante el Tribunal Supremo por los cinco condenados por el "caso Lasa y Zabala", si bien estima que debe aceptarse uno de los motivos del ecurso presentado por la acusación particular, ejercida por las madres de ambas víctimas.

El fiscal considera, igual que las madres recurrentes, que la sentencia de la Audiencia Nacional debió tener en cuenta el agravante de que los condenados eran funcionarios públicos cuando secuestraron a Lasa y Zabala.

En este sentido, el fiscal recuerda que el Código Penal castiga "las detenciones ilegales cometidas por autoridad o funcionario público fuera de los casos permitidos por la ley".

Sinembargo, el fiscal no cree, como sostiene la acusación particular, que los condenados deban ser castigados también por pertenencia a banda armada, ya que no se ha probado que la actuación de los acusados se encuadrara en el ámbito de los GAL.

LA SENTENCIA

El pasado 26 de abril, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a 71 años de cárcel al general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, por su implicación en el secuestro y asesinato de José Antonio Lasa y osé Ignacio Zabala, ocurrido en 1983.

La Sala que juzgó el caso, presidida por Siro García y compuesta además por los magistrados Carlos Cezón y Manuela Fernández Prado, considera que Rodríguez Galindo es culpable de dos delitos de detención ilegal y otros dos de asesinato.

Los magistrados condenaron por estos mismos delitos al ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga, a quien castigó con 71 años de prisión, así como a los ex guardias civiles Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo Lal, y el capitán de la Benemérita Angel Vaquero.

Los magistrados que juzgaron el "caso Lasa-Zabala" impusieron a Dorado y Bayo 67 años, 8 meses y dos días de prisión, mientras que a Angel Vaquero le condena a 69 años de cárcel.

Sin embargo, la Sala absolvió a estos cincos condenados de los delitos de pertenencia a banda armada y de lesiones y torturas, si bien les castigó con la pena accesoria de suspensión de cargo público durante todo el tiempo de la condena.

Según las sentencia de l Audiencia Nacional, los cinco condenados deberán indemnizar solidariamiente a las familias de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala con 25 millones de pesetas para cada una de ellas. De esta cantidad responderá el Estado como responsable civil subsidiario, según consta en la sentencia.