En su escrito, el fiscal pide al instructor del caso, el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño, que rechace las diligencias solicitadas por Perote que comprendían, además de la imputación y declaraciones de los ex responsables del Gobierno, que el caso fuera trasladado al Congreso de los Diputados, de acuerdocon lo que señala el artículo 102.2 de la Constitución Española, para posteriormente pasar al Supremo, dado el carácter de aforados de los tres dirigentes.

El fiscal niega rotundamente que se deba acceder a la solicitud de Perote y asegura que las diligencias que éste solicita deben ser rechazadas por "falta de legitimación procesal", ya que suponen una actuación contraria a la buena fe procesal, con probable abuso de derechos y fraude de ley, si bien no solicita que sean sancionados con una multa.

La alegación del fiscal alude a la "impertinencia" de lo solicitado por el ex agente del Cesid, a la vez que las tacha de "diligencias inútiles y perjudiciales, al ser gravemente perturbadoras en cuanto retardatarias para la instrucción judicial, careciendo de basamento mínimo y serio".

IMPUTADO "ACCIDENTAL"

El fiscal subraya que Perote ha mantenido su condición de imputado en este caso de forma "accidental y garantista", ya que no existe ninguna imputación delictiva contra él.

En este sentid, el informe del fiscal muestra sus dudas sobre la legitimidad de este imputado para realizar ciertas actuaciones que "son más propias de una parte acusadora", e insiste en que en el caso del coronel Perote se trata de "una parte accidental, no procesada y cuya salida del proceso pudiera haberse ya producido".

Finalmente, el fiscal se extraña del momento procesal en el que se produce la alegación de Perote, ya que está a punto de finalizar la causa. Duda de las razones alegadas por la defensa del ex rsponsable del Cesid para realizar ahora estas alegaciones que, al parecer, se basan únicamente en lo publicado por el ex ministro de Interior José Barrionuevo en su libro "2001 días en Interior".