El fiscal constesta así a la providencia remitida el pasado 29 de diciembre por la Sala de lo Penal de la Audiencia, en la que se instaba al ministerio público a mostrar su opinión sobre la necesidad de nuevas diligencias o la apertura del juicio oral.

Tras la decisión del fiscal Jesús Santos -que ya había anunciado en ocasiones anteriores-, la Audiencia dará traslado a las partes para que presenten sus alegaciones.

En ese sentido, fuentes del despacho del letrado Jorge Argote, defensor de los principales imputados, informaron a Servimedia de que piensan recordar a la Sala que aún existen algunos trámites sin resolver, que esta acusación pidió durante la instrucción llevada a cabo por el juez Javier Gómez de Liaño.

Este nuevo paso acerca más el juicio por el secuestro, torturas y muerte de los supuestos etarras José Antonio Lasa y José Miguel Zabala, que desaparecieron en la localidad francesa de Bayona en la madrugad del 16 de octubre de 1983.

Los primeros procesamientos por este caso se produjeron el 20 de mayo de 1996 y recayeron sobre los guardias civiles destinandos en el cuartel de Intxaurrondo (San Sebastián) Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo, que ingresaron en prisión en esa fecha, por considerar el juez que existían "indicios racionales de ser los responsables de los delitos de detención ilegal, torturas y asesinato" de los jóvenes desaparecidos.

Algunas fechas más tarde, el instructor imputó a entonces máximo responsable de Intxaurrondo, el general Enrique Rodríguez Galindo, al ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera y al ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga, además de al abogado del general, el letrado Jorge Argote.

El juez acusó de los delitos de detención ilegal, torturas y asesinato a los dos guardias civiles y a su jefe directo, el general Rodríguez Galindo, junto con el también agente Pedro Gómez Nieto, que posteriormente fue exculpado.

A Rafael Vera yal letrado Jorge Argote les acusó de un delito de encubrimiento, mientras que a Julen Elgorriaga le imputó los delitos de detención ilegal, cooperación necesaria en un delito de torturas y autor por omisión de dos delitos de asesinato.

BANDA ARMADA

Pero el juez fue más lejos y en su último auto de acusación responsabilizó a Rodríguez Galindo, Elgorriaga, Bayo y Dorado Villalobos de un delito de pertenencia a banda armada. Además, decidió imputar en este caso a otro guardia civil, Angel Vaquero, a quen se acusó de todos los delitos: detención ilegal, torturas, asesinato y pertenencia a banda armada.

Liaño consideró probado que en el cuartel de Intxaurrondo se formó un grupo que, "por sus objetivos, estructura claramente jerárquica, medios, vocación de permanencia y, naturalmente, armado, es constitutivo del delito de pertenencia a banda armada".

Con estos delitos, los supuestos responsables de los hechos delictivos que acabaron con la vida de Lasa y Zabala podrían enfrentarse a solicitudes d hasta 100 años de prisión, principalmente para los acusados de asesinato y de colaboración con banda armada.