Los restos de los presuntos etarras permanecieron por espacio de diez años en una cámara frigorífica del cementerio municipal de Alicante, a la que fueron trasladados tras ser descubiertos en una fosa cercana a la localidad de Bussot.

Tras reabrirse la investigación el pasado mes de marzo, los dos cuerpos fueron trasladados al Instituto Nacional de Toxicología por orden judicial para somterlos a pruebas de ADN que determinarían con exactitud su identidad.

Desde el pasado 10 de abril, en que los exámenes concluyeron, la juez encargada del caso no ha dado orden alguna para permitir que los restos sean puestos a disposición de sus familiares que los han reclamado a través de su abogado, Iñigo Iruin.