La misma decisión afectará a los también procesados por el secuestro, torturas y asesinatos de los etarras Lasa y Zabala: el ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga y los guardias civiles Angel Vaquero, Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo.

Liaño considera probado que todos ellos, sin descartar otras personas, "son indiciariamente culpables de formar un grupo que, por sus objetivos, estructura claramente jerárquica, medios, vocación de permanencia y, naturamente, armado, es constitutivo del delito de pertenencia a banda armada".

Apunta que una de las ramificaciones de los llamados GAL "estaba constituída por un número reducido e indeterminado de guardias civiles (...) dirigidos por el entonces comandante y hoy general Enrique Rodríguez Galindo", junto al que estaban el capitán Vaquero, los agentes Bayo y Dorado Villalobos y "en justa proporción a su cargo, José Julián Elgorriaga, a la sazón gobernador civil de Guipúzcoa".

El juez insiste en que se onsituyó una banda armada, dirigida por Galindo, que buscó argumentos y utilizó métodos para combatir el terrorismo "con la fuerza mejor que con la ley", e incluso que se dió a sus actuaciones "la apariencia de un servicio público", que constituirían a largo plazo "un bien para el país".

Sobre la supuesta participación en estos hechos del ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, el juez apunta que "las investigaciones sí permitirían incluir" a Vera en el delito de banda armada, puesto qu el fiscal consideró en su día que era quien daba el "visto bueno" a las actuaciones.

No obstante, a la vista de que Vera estaba procesado en el sumario del "caso Marey" por pertenencia a banda armada, Liaño decidió no procesarle en relación con este nuevo caso.

Este es el último paso de la Audiencia Nacional antes de proceder a juzgar a los supuestos responsables de los hechos delictivos que acabaron con la vida de Lasa y Zabala. Todos ellos podrían enfrentarse a penas de hasta 100 años de prisin, en algunos casos.

El asesinato de los dos etarras fue reivindicado por los GAL mediante llamada telefónica a la Cadena Ser de Alicante, en 1983. Un año después, un cazador de esa provincia descubrió restos de huesos humanos, algunos dentro de un hoyo y otros "esparcidos por la acción de las alimañas".

Diez años después, las pruebas científicas confirmaron que estos restos correspondían a los asesinados José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, y la Audiencia Nacional comenzó a investigar a los resuntos culpables.