No obstante, en su escrito de conclusiones provisionales, señala que si del juicio oral se deduce alguna responsabilidad civil subsidiaria por parte del Estado, las indemnizaciones que tendría que hacer efectivas la Administración deberían calcularse en función de lo que marca la Ley de Víctimas del Terrorismo, y no atendiendo a las cuantías establecidas por el fiscal del caso, Jesús Santos.

Santos, fiscal en cargado del caso, pide que Julen Elgorriag, Enrique Rodríguez Galindo, Angel Vaquero, Enrique Dorado y Felipe Bayo, procesados en este caso junto a Jorge Argote y Rafael Vera, indemnicen conjunta y solidariamente con 50.000 millones de pesetas a los herederos de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, al tiempo que considera responsable civil subsidiario al Estado.

El abogado del Estado niega los hechos que relata el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales y, en este sentido, argumenta que si los guardias civiles procesados en est caso cometieron los delitos que se les imputan fue porque se extralimitaron en sus funciones.

En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal Santos considera probado que, siguiendo órdenes de Rodríguez Galindo y Angel Vaquero, los entonces guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo secuestraron en Bayona a Lasa y Zabala, para llevarles a Intxaurrondo (Guipúzcoa) y torturarles durante los interrogatorios, que duraron tres días.

Entonces, según el fiscal, "ante el lamentable estado físio de los dos jóvenes, consecuencia de los suplicios", Rodríguez Galindo decidió que fueran trasladados hasta Alicante "donde se les haría desaparecer".

Así, Lasa y Zabala fueron instroducidos en el maletero del coche de Enrique Dorado y conducidos hasta un paraje ubicado en el término municipal de Busot. Una vez allí, "los desnudan de cuerpo entero y únicamente les dejan las vendas y apósitos que rodeaban sus tobillos, tapaban sus ojos, amordazaban sus bocas y cubrían sus llagas y heridas".

ASESINAT

Los dos etarras fueron situados frente a una fosa, previamente cavada y, ante la presencia de sus compañeros, el sargento Enrique Dorado Villalobos "efectúa tres disparos de arma de fuego". El primero fue sobre la cabeza de Lasa y los otros dos sobre la de Zabala, y ambos murieron en el acto. Los cuerpos fueron enterrados y cubiertos con cal viva para hacer desaparecer los restos.

El asesinato fue reivindicado por los GAL mediante llamada telefónica a la Cadena Ser de Alicante en enero de 1984. n año después, un cazador de la zona descubrió restos de huesos humanos, algunos dentro de un hoyo y otros "esparcidos por la acción de las alimañas".

Diez años después, las pruebas científicas confirmaron que estos restos correspondían a los asesinados José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala.