Los LAJ mantuvieron una huelga de casi tres meses hasta lograr que el Ministerio de Justicia se sentara a negociar y se llegara a un acuerdo. Los paros estuvieron convocados por la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AInLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, que son las mismas que firman la misiva dirigida a la ministra.

En la misma advierten “con meridiana claridad” que, tras una “dura huelga indefinida y a jornada completa de más de dos meses” no van a permitir “bajo ningún concepto, que se nos vuelva a discriminar ni dejar fuera de ninguna mejora que aproveche a todos los demás cuerpos generales o especiales de la Administración de Justicia”.

Así, recuerdan que perdieron los salarios de todos esos meses de huelga para “intentar poner voz a la más que lamentable situación de un Cuerpo Superior de la Administración claramente discriminado respecto de los demás cuerpos análogos por titulación y misma (A1) categoría”.

La carta explica que las retribuciones en la Administración tienen que ver con la capacitación, acreditada a través de la titulación exigida y con las funciones legalmente asignadas al cuerpo correspondiente.

El Cuerpo de Letrados de Justicia, que ha encabezado el movimiento reivindicativo de la Justicia en España, “actuó el primero y por verdadera necesidad”, acuciado por el incremento exponencial de sus funciones como consecuencia de las múltiples reformas legislativas iniciadas en 2003 con la Nueva Oficina Judicial.

Todas estas funciones que finalmente recayeron sobre los LAJ, dicen, no fueron creadas ‘ex novo’, si no que ya existían y correspondían a otros cuerpos de la administración que dejaron de llevarlas a cabo descargando así su labor. Así ocurrió con jueces y fiscales o incluso con funcionarios de la Administración de Justicia, que como consecuencia de las reformas sobre modernización de la Administración de Justicia vieron descargada “en muy buena parte su labor que pasó a ser realizada por los Letrados”.

Esta queja se formula justo cuando jueces y fiscales están negociando mejoras retributivas tras anunciar la convocatoria de una huelga indefinida para el próximo 16 de mayo. A los pocos días del anuncio, el Ministerio de Justicia convocó la Mesa de Retribuciones y en el día de hoy se está celebrando una segunda reunión en la que el departamento dirigido por Llop ha puesto sobre la mesa más de 44 millones de euros en mejoras salariales para estos cuerpos.

Los LAJ muestran su “perplejidad por el trato de favor” que ahora reciben las reivindicaciones tanto de jueces y fiscales como de funcionarios de la Administración de Justicia, “los unos recibidos con todo cariño por la ministra de Justicia, sin agravios ni desplantes, porque a fin de cuentas forma parte de su grupo profesional y los otros, recibidos y arropados por un Ministerio de Justicia cuyo Secretario de Estado fuera en su día también sindicalista, que les ampara de forma inmediata por dos días de huelga general, escasamente secundada, y una serie de paros parciales sin descuento alguno de emolumentos”.

Por ello, ponen de relieve el “sacrificio” económico y personal que les supuso el largo período de huelga y la falta de fondos que esgrimió Justicia para dilatar la negociación y dejan claro que “respetando los derechos de todos, no permitiremos que exista una diferencia retributiva de jueces y fiscales con los Letrados de Justicia de 2.000 euros”, dado que todos son miembros de la categoría A1, porque “no es legal” y la brecha retributiva “es escandolosa”. Y concluyen: “No permitiremos más humillación y seguiremos reclamando la asimilación retributiva a la carrera judicial”.