Laborda, que ha clausurado en Sevilla unas jornadas de debate sobre la reforma de los reglamentos parlamentarios autonómicos, se mostró partidario de un mayr esfuerzo de tipificación penal y de transparencia para que "nuestra democracia, que está muy sana, no se deslice hacia lo que ha sido pernicioso en Italia, que es que la financiación privada ha condicionado la vida política".

A su juicio, en el momento que vive España es necesario que la política sea autónoma de la presión de los grupos organizados y económicos. "Es fundamental que tengamos la garantía de que el Parlamento representa el compromiso con los ciudadanos y no intereses opacos que puedan ealizarse bajo pretexto de una financiación privada que no recaiga sobre los impuestos", aseguró.

Laborda recordó que la legislación actual vigente prohibe la financiación privada no transparente. "Yo no me inclino por sustituir la financiación pública por la privada para así evitarnos el conflicto, porque desaparecería el delito, pero nos encontraríamos con que el Parlamento, en lugar de estar sometido a las normas legales e intereses del Estado estaría sometido a los intereses del mercado", dijo.

Laborda se mostró plenamente convencido de que en España no hay posibilidad de incurrir en prácticas irregulares en la financiación de los partidos políticos ni prácticas irregulares que estén conectadas con los delitos de cohecho y prevaricación que no vayan a ser juzgados con todo el peso de la ley, según sus palabras.

Añadió que es partidario de que la reforma del título tercero de la Constitución se haga de la forma más serena, y cuestionó que tenga que concluir antes del final de la legislatura En ese sentido, el presidente de la Cámara Alta aseguró que la reforma del Senado debe ser muy ambiciosa y debe gozar del máximo consenso posible, incluso más que el consenso que obtuvo la Constitución de 1978.

En estas mismas jornadas sobre la reforma de parlamentos autonómicos, el presidente del Parlamento andaluz, Diego Valderas, pidió que las reformas de los reglamentos de las cámaras autonómicas se realicen desde un criterio valiente e innovador.

Valderas señaló que el modelo de reforma delreglamento establecido por Andalucía puede ser adoptado por el resto de comunidades autónomas, en cuanto al establecimiento de un sueldo fijo para los parlamentarios. Añadió además que 1995 debe ser el año para afrontar un debate amplio sobre la financiación de los partidos políticos.

Las jornadas clausuradas hoy por Laborda ha contado con la participación de presidentes y vicepresidentes de los parlamentos de Cataluña, Castilla y León, Murcia, Extremadura, La Rioja, Canarias, Navarra y Andalucía.

Las principales conlusiones de los participantes en las jornadas son que el Estado de las autonomías atraviesa una etapa de pluralismo político, tras la pérdida de la mayoría absoluta de los socialistas, lo que exige una mayor participación social de los ciudadanos en los parlamentos a través de medidas como rebajar el número de solicitudes para las iniciativas populares o la participación en grupos de trabajo y comisiones.