En declaraciones a Servimedia, Laborda recordó que la colabración de Pujol fue decisiva para lograr que el debate autonómico de 1994 fuera un éxito, aunque en esta ocasión la voluntad del presidente catalán no ha sido la misma.

"Probablemente", precisó, "esta actitud se debe a que ahora tiene más complejo de inferioridad o más escrúpulos para explicitar ante la opinión pública las relaciones que mantiene con el Partido Popular, con respecto de las que tuvo en el pasado con el PSOE".

En su opinión, el Gobierno ha perdido una "oportunidad de oro" para demotrar con este debate que su proyecto político no está vinculado exclusivamente a pactos bilaterales con minorías parlamentarias "y que su proyecto", apostilló, "no es ni para CiU ni para el PNV, sino para Cataluña y el País Vasco".

El jefe de los socialistas en el Senado lanzó igualmente una advertencia: el debate autonómico -que en un principio ha quedado aplazado hasta el próximo mes de febrero- no debe servir como "pretexto" para que no se celebre el debate sobre el estado de la nación del Congreso

NO SOLAPAR LOS DEBATES

El Reglamento de la Cámara Alta señala que dicho debate debe hacerse entre septiembre y diciembre, y fija este periodo, según Laborda, porque la tradición del Congreso es celebrar el debate sobre el estado de la nación a comienzos de año y de esta forma no se solapan ambas sesiones.

Por otra parte, el portavoz socialista se refirió al nuevo acuerdo de financiación autonómica que regirá en los próximos cinco años para concluir que la "mayoría obediente y bloqueante" que cnforma el PP con sus aliados nacionalistas ha hecho posible un modelo que producirá desigualdades entre las comunidades.

"El quid de la cuestión", añadió, "es que la corresponsabilidad fiscal sin topes producirá una desigualdad entre aquellas comunidades que tienen suficiencia financiera y que con los impuestos que van a recibir podrán financiar todas sus competencias, y otras que no van a llegar nunca ni siquiera al 50 por ciento".

Laborda considera que la puesta en marcha de los mecanismos corrctores previstos en el sistema de financiación autonómica tampoco serán la solución porque supondrán a la larga un mayor coste económico.