Pero señaló que el gasto se incrementa exponencialmente cuando la reducción tenga que ser mayor, así como si tienen que contratar a otros empleados e incrementar el salario de quienes están en plantilla con una jornada parcial. “Al sector le causa un daño tremendo en un momento crítico”, previno esta especialista, por lo que reclamó medidas que palíen esta situación si finalmente se acorta la jornada legal máxima.

Esta profesora subrayó que ante el predominio “absoluto” del contrato fijo discontinuo en el sector agro, se reduce proporcionalmente con el tiempo de inactividad el número de horas extra al año que se pueden hacer (80 como tope), lo que merma las posibilidades de flexibilidad.

Detalló que hay unos 40 convenios en el sector y apuntó que para algunas personas el cambio en la jornada laboral será una medida “neutra” pero para otras no, pues hay convenios que por ejemplo están en 39 horas. Asimismo, avisó de que “todo esto se solapa” con las permanentes subidas del salario mínimo interprofesional (SMI), con los consiguientes incrementos de las cotizaciones, sumado “al coste de los permisos, las indemnizaciones por despido” y los días que por la situación climática no se puede trabajar en el campo.

“Todos los trabajadores a tiempo parcial van a ver su nómina incrementada. Y no solo ellos. Todos aquellos que estén disfrutando de jornadas reducidas por motivos familiares van a disfrutar en la primera nómina de un incremento de la retribución”, relató esta experta, quien aseveró: “Todos ganan menos las empresas”, de las que dijo que soportan “pequeños arañazos que van sumando”.

APOYO A CEOE

Por su parte, el director de Asuntos Regulatorios de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), Alberto Peironcely, mostró su respaldo a la posición de CEOE de oponerse a la medida tras 11 meses de negociaciones y destacó que en la mesa se despreciaron todas las propuestas que la patronal planteó, como estudiar un aumento del número de horas extraordinarias anuales que se pueden realizar.

Por ello, defendió que en el Gobierno “igual alguien debería pararle los pies” al Ministerio de Trabajo “o decirle que hasta aquí hemos llegado”, ya que aventuró que “nadie” en ese departamento ha estudiado las consecuencias de la medida.

Por su parte, el presidente de la Sección de Derecho Agroalimentario del ICAM, Manuel Lamela, alertó de “graves” consecuencias en determinados sectores por la reducción de la jornada laboral, unido a la inminente nueva subida del SMI. Igualmente, dudó de que realmente sea un proyecto de todo el Gobierno de coalición y no sea solo una iniciativa de “una vicepresidenta”, en alusión a Yolanda Díaz.

Mientras, la presidenta de la Sección de Derecho Laboral del ICAM y socia de Ceca Magán Abogados, Ana Gómez, explicó que “sí o sí tendremos reducción de jornada a 37,5 horas”, incluso sin acuerdo con la patronal y únicamente con los sindicatos. A su juicio, se trata de un proyecto solo de “un ala del Gobierno” y criticó que no se trata de una medida organizada, sino que es algo con un tinte ideológico. Concretó que el tope serán 1.712 horas de jornada efectiva al año y valoró que ya al menos ese dato se sepa, porque durante algunos momentos de la negociación no había consenso al respecto.

“Pero quién paga esto? El Gobierno mira para otro lado, los sindicatos miran para otro lado y las empresas, que España es un país de pymes, lo pagarán”, reflexionó Gómez. En su opinión, es una medida “más bien pensada” para un “país de grandes empresas” que para la realidad del tejido empresarial español.

“¿No será que con esta medida están buscando recaudar a la Seguridad Social?”, se preguntó la también presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas (Asnala). Además, indicó que “encajar” la reducción de la jornada es “dar más días de vacaciones”.

En este sentido, indicó que habrá “un incremento significativo de horas no declaradas”, pese a que es lo contrario que quiere perseguir esta reforma, pues va a digitalizar el control de jornada para reforzar la interoperabilidad de la Inspección de Trabajo. Pero Ana Gómez sentenció que “el pronóstico no es nada halagüeño” y advirtió de que no es posible en algunos sectores digitalizar el control de jornada, como es el caso de la agricultura.