El letrado, Pedro Antonio de Torres, presentó un escrito a finales de marzo en el que denunciaba los bombardeos de Serbia por considerar que constituían delitos de genocidio y contrael derecho de gentes.

Asimismo, solicitaba que se interrogase sobre los ataques a Serbia al secretario general de la OTAN, Javier Solana, y al general Clark, jefe de las Fuerzas Armadas de la Alianza Atlántica, así como al presidente del Gobierno español, José María Aznar, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes.

El fiscal de la Audiencia Nacional rechaza que los bombardeos de Serbia constituyan delitos de genocidio y contra el derecho de gentes, y argumenta que los bombardeos contra Yuoslavia no se han ordenado con el fin de exterminar una raza o grupo religioso, sino todo lo contrario, "disuadir al Gobierno yugoslavo de que continúe la expulsión de los habitantes de la antigua provincia autónoma de Kosovo".

Añade que, aún en el hipotético caso de que los bombardeos constituyesen un delito de genocidio, España no tendría jurisdicción, sino un tribunal del Estado en que se cometió el crimen o, en último extremo, el Tribunal Penal Internacional.

En cuanto al delito contra el dercho de gentes (cometido por aquel que asesine a un jefe de Estado extranjero que se encuentre en España), el fiscal recuerda que el presidente de Yugoslavia, Slobodan Milosevic, no está en nuestro país, y añade que la OTAN no pretente atacarle "física o dialécticamente".

El fiscal señala que sería el Tribunal Supremo, y no la Audiencia Nacional, el que tendría la competencia para exigir la "hipotética responsabilidad criminal" a Aznar y Matutes.

Asimismo, recuerda que Solana y Clark tienen la "inunidad del personal internacional" establecido en el Convenio sobre el Estatuto de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.