Según informaron hoy fuentes jurídicas, Germán Ruiz, que eclaró como testigo, vino a confirmar que Prado y Colón de Carvajal le daba instrucciones y poderes para actuar como administradores de ambas sociedades, de las que no es propietario desde 1998 y que fueron embargadas con carácter preventivo por auto de 24 de julio.

Germán Ruiz explicó que conoció a Prado, cuando éste era presidente de Trebor Internacional. Según este testigo, el empresario le pidió que fuese apoderado de Rialar 95, sociedad que se constituyó para llevar a cabo operaciones con sociedaes extranjeras.

Además, detalló que uno de los socios de Rialar 95 era Offington Limited, que vendió su participación a otras dos sociedades austriacas en 1999.

Precisamente, mañana declarará como testigo Alfonso Jonquera, quien fue representante de Offington Limited en la constitución de Rialar 95.

Asimismo, Germán Ruiz explicó que Prado compró Dehesa de Juan Esteban en 1989 para venderla años más tarde unas sociedades extranjeras. Además, confirmó que él trabajó como administrador de esta ociedad, pese a que Manuel Prado ya no es su propietario, según las mismas fuentes.

Mañana, junto al citado Alfonso Jonquera, también declarará como testigo Celestino Díez, consejero delegado de la sociedad Dehesa de Juan Esteban y representante de Rialar 95.

La juez instructora del "caso Torras-KIO" quiere que estas personas clarifiquen "la relación jurídica y económica de personas varias con diversas propiedades" que, según la acusación, están vinculadas con Manuel Prado, quien fue propietario l 100 por 100 de las sociedades Rialar 95 S.L. y Dehesa de Juan Esteban S.A. hasta 1998.

Además, el empresario reconoció en su día ante la juez "el dominio sobre las sociedades por las que fue interrogado", así como que continuaba relacionándose "con las personas que siguen figurando como administradores" de las sociedades Rialar 95 S.L. y Dehesa de Juan Esteban S.A.

Manuel Prado está imputado en el "caso Torras-KIO" por su presunta participación en la denominada "Operación Wardbase". El fiscal slicita para el empresario un total de 4 años y dos meses de cárcel por un delito de apropiación indebida, consistente en haber cobrado presuntamente del Grupo Torras 1.900 millones mediante una factura falsa.

En el "caso Torras-KIO", la juez investiga la desaparición de varios miles de millones de pesetas del Grupo Torras, en la que también está implicado supuestamente el empresario catalán Javier de la Rosa.