La citación de Sarasola e consecuencia de una solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, a la que ha tenido acceso Servimedia, en la que se insiste en que el empresario debe comparecer como testigo puesto que en ningún caso cabría su imputación al haber prescrito los posibles delitos por el cobro del dinero.

Según el escrito, la razón por la que el empresario debe declarar como testigo es porque "el transcurso del tiempo desde la fecha de los cobros hace inviable su declaración como imputado", ya que han transcurrido los 10 año como límite de prescripción para el delito de apropiación indebida.

No obstante, la Fiscalía relata cómo Sarasola recibió en 1988 "más de 3.000 millones de pesetas" en la llamada operación "Croesus", según se desprende de la documentación aportada por Torras a la causa civil que se sigue en Londres.

Además, la misma documentación da cuenta de que Sarasola recibió otros 100 millones de pesetas recibidos a través de la empresa Bigley, en la operación conocida como Pincinco.

"Se interesa su delaración a fin de que explique la causa de dichos pagos y el destino de dicho dinero", insiste el fiscal, para quien Sarasola cobró más de 3.000 millones de pesetas "presuntamente sustraídas de la sociedad Grupo Torras S.A.".

Por otra parte, el fiscal solicitó a la juez que librara sendas ordenes internacionales de detención contra Plinio Coll Gutierrez y Richard Robinson, ambos relacionadas con la causa abierta en Londres por este caso, si bien la juez no decide aún sobre este extremo, a la espera decontar con más detalles de los cobros.

Fuentes consultadas por esta agencia confiaron en que la declaración de Sarasola aporte "nueva luz" sobre este caso puesto que, al comparecer como testigo, tiene la obligación de relatar la verdad sobre los cobros y el destino del dinero recibido o supuestamente sustraído a Torres.

Por el contrario, desconfiaron de que los datos procedentes de Londres, por los que se ha contrastado los pagos a Sarasola, tengan validez en la causa abierta en España dado que s trata de un sumario que se instruye en otro país y que los datos obrantes a la causa española no han sido aportados vía comisión rogatoria, por lo que no tendrían validez en la investigación española, por la que Javier de la Rosa se encuentra en prisión.