"Mi declaración ha sido reiterativa y coherente", dijo Manuel Prado a los periodisas. "No he tenido nada que ver con KIO, ni con Torras ni he estado nunca en Kuwait".

Según fuentes jurídicas, el empresario alegó cansancio para negarse a responder a las cuestiones de los abogados de Javier de la Rosa, quienes le realizaron preguntas acerca de la Casa Real. Tanto la juez Palacios como el fiscal del caso, Salvador Viada, estuvieron de acuerdo en que Prado no contestase.

Una de las preguntas que le realizaron los abogados de De la Rosa se refería a una supuesta comida celebrada enla Zarzuela el 2 de feberro de 1992 entre Manuel Prado, el financiero catalán, el Rey y el Príncipe Felipe. Los abogados le preguntaron si "el Rey obsequió al señor De la Rosa con un reloj de pulsera en cuyo reverso constaba una inscripción y la fecha de dicha comida".

"Es una falacia tan grande que es impropia de un ciudadano español", dijo Manuel Prado a los periodistas. "Es una locura [...] La figura del Rey es lo más sagrado que existe en este país porque representa a mi patria, aunque a algunos n les guste hablar de patria".

Según fuentes jurídicas, durante su declaración ante la juez Palacios, Manuel Prado insistió en que ha tenido "buenas relaciones" con De la Rosa, de quien añadió que era una persona con "prestigio, solvencia, responsable y seria".

No bostante, negó que "la amistad y confianza entrañable entre ambos" le llevara a conocer Kuwait, a algunos de sus dirigentes, como tampoco a ejecutivos de KIO, KIA o Torras.

LOBBY POLITICO

Asimismo, negó haber recibido de De la Ros 12.000 millones de pesetas como compensación a un 'lobby' político supuestamente creado para mediar en la denominada Guerra del Golfo, acaecida en 1990.

Durante la investigación se estudiaron en su día unas cartas entregadas supuestamente por De la Rosa a KIO con el membrete de la Casa Real y la firma falsificada de Prado, para justificar el pago de 12.000 millones de pesetas a Prado como compensación del mencionado 'lobby' político.

En este sentido, Manuel Prado señaló a la juez que "jamás ha prticipado en un lobby político, entre otras cosas porque no tiene capacidad para comprometer al Estado Español, en la decisión de intervenir o no en la Guerra del Golfo". Según las mismas fuentes jurídicas, el empresario aseguró que esta versión bien puede ser corroborada por el ministro de Defensa de la época y por el presidente del Gobierno en aquel entonces, Felipe González.

Manuel Prado está imputado por su presunta implicación en la "Operación Wardbase". El fiscal del caso, Salvador Viada, le acua de un delito de apropiación indebida y solicita para el empresario un total de 4 años y dos meses de cárcel de prisión.

WARDBASE

Esta operación consistió en el supuesto pago, ordenado por De la Rosa y presuntamente relizado a través de la sociedad Wardbase, de 1900 millones de pesetas al empresario Manuel Prado y Colón de Carvajal, tras la compra de una empresa belga por parte del Grupo Torras.

En 1988, el Grupo Torras compró, mediante ampliación de capital, la sociedad belga Celulosa de las rdenas, con el compromiso de construir una fábrica de papel que entró a funcionar en 1992.

Sin embargo, un año después de esta operación, hubo un desvío de 20 millones de dólares (unos 1.900 millones de pesetas) procedentes del Grupo Torras, perteneciente a KIO, hacia el empresario Prado y Colón de Carvajal.

RECURSO

Por otra parte, fuentes de la defensa de Javier de la Rosa anunciaron que recurrirán el auto por el que la juez otorgó un plazo de 10 días al financiero catalán para conseguir un toal de 100 millones de pesetas que le faltan para hacer efectiva la fianza de 500 millones de pesetas que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal le impuso para eludir la prisión provisional.

De la Rosa presentó en su día varios avales para hacer frente a la fianza, aunque algunos de ellos tenían fecha de vencimiento. En su auto, la juez recuerda al financiero catalán que mientras dure la orden de prisión provisional bajo fianza los préstamos no pueden tener "limitación de tiempo". Además, la instrucora del "caso Torras-KIO" le denegaba la reducción de la fianza, la cual ya fue rebajada en su día de 5.000 a 500 millones de pesetas por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

En su recurso, los abogados de De la Rosa volverán a solicitar una rebaja de la fianza y que se acepte el aval prestado por una empresa ubicada en Irlanda llamada Merrion Reinsurance Co. Ltd.

La juez ha denegado esta última petición, dado que, como sostiene el fiscal delcaso, Salvador Viada, laLey de Enjuiciamiento Criminal exige que los fiadores sean españoles o, por lo menos, tenga su domicilio dentro de nuestras fronteras, lo que no ocurre con Merrion Reinsurrance Co.Ltd.

Sin embargo, los abogados de De la Rosa sostienen que dicha empresa actúa en España y está acreditada para prestar fianzas. Además, señalan que "las entidades aseguradoras domiciliadas en algún Estado miembro (de la Comunidad Europea) pueden actuar en cualquier otro Estado miembro sujetas tan sólo al control previo de s Estado de origen".

En el "caso Torras-KIO", la juez investiga la desaparición de varios miles de millones de pesetas del Grupo Torras, en la que está implicado supuestamente el empresario catalán Javier de la Rosa, entre otras personas.