En su escrit, la juez ordena que se expida una comisión rogatoria internacional al Principado de Andorra para que, "por vía de urgencia", se le remita la documentación necesaria sobre "todas las operaciones bancarias que hubieren sido realizadas, tanto dentro como fuera del país, así como transacciones efectuadas con posibles tarjetas de crédito por Francisco Javier de la Rosa".

Asimismo, la juez quiere saber si De la Rosa tiene en Andorra cuentas corrientes o de ahorro. En este sentido, advierte que las mismas "ueden aparecer abiertas a nombre de su esposa, Mercedes Misol, o de sus hijos, o de la Sociedad Nimer S.A. o del presunto testaferro Arturo Piñana".

Otros de los nombres que facilita la instructora del caso para la investigación en Andorra son los de Jorge Nuñez Lasso de la Vega, ex responsable del Grupo Torras en España; Miguel Soler Sala, ex director de administración de la misma entidad, y Juan José Folchi, ex asesor jurídico de la sociedad kuwaití en nuestro país.

La juez instructora del "cas Torras-KIO" ha ordenado esta diligencia en relación a la fianza de responsabilidad civil decretada para Javier de la Rosa por su presunta implicación en las operaciones "Icsa-Inpacsa" y "Croesus".

Precisamente, los abogados del Grupo Torras ha solicitado a la instructora del caso "Torras-KIO" que decrete el secreto de sumario de las piezas abiertas para determinar la responsabilidad civil de algunos imputados en dichas operaciones, cuya investigación concluyó en noviembre de 1999.

Según un escrio al que tuvo acceso Servimedia, los letrados se refieren a personas como De la Rosa , Folchi o Núñez Lasso de la Vega.

ICSA-INPACSA

Según la investigación llevada a cabo por la juez Teresa Palacios, el Grupo Torras vendió en 1987 la sociedad Icsa a Inpacsa por valor de 1900 millones de pesetas, precio muy inferior a su valor.

Simultáneamente, el Grupo Torras vendió en Bolsa un 45% de Inpacsa, lo que tuvo una gran aceptación en el mercado de valores, dado que Icsa tenía un valor real muy superir a la cantidad que Inpacasa pagó por ella.

En abril de 1988, el Consejo de Administración de Inpacsa acordó la venta a la sociedad Croesus de Icsa por 4200 millones de pesetas, un precio inferior a su valor real, pero superior a aquel que pagó un año antes la compañía.

Paralelamente, los administradores de Inpacsa iniciaron un proceso de subasta interno de Icsa, con la finalidad de lucrarse con la reventa de esta compañía papelera.

La juez sostiene que la diferencia final entre los 4.200 milones de pesetas que pagó Croesus y los 12.000 millones que se obtuvieron finalmente fue desviada a las cuentas corrientes particulares de los imputados o de personas que mantienen relación de parentesco con ellos. Los perjudicados por esta operación fueron Inpacsa y sus accionistas minoritarios.

CROESUS

El 1 de junio de 1988, una sociedad de KIO trasfiere en favor de personas no conocidas la cantidad de 27,4 millones de dólares. Según la investigación de Teresa Palacios, "para cubrir esa cantidad, n el mes de septiembre de 1989 se finge un préstamo de Torras Hostench London a la sociedad Croesus por importe de 25 millones de dólares", dinero que en realidadd se envió a otra parte.

Croesus nunca devolvió el préstamo y el Grupo Torras acabó asumiendo su importe sin obtener contraprestación alguna a cambio de dicho desembolso, en una época en la que cotizaba en Bolsa y tenía un importante número de accionistas minoritarios ajenos a esta operación.

En este caso, la titular del Juzgado Central e Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional investiga la desaparición de varios miles de millones de pesetas del Grupo Torras-KIO.