En el número correspondendiente al mes de marzo, esta publicación incluye un primer reportaje sobre Euskaltel, la operadora vasca de telecomunicaciones, en el que critica la actuación de sus responsables y, muy especialmente, de su presidente, el ex "lehendakari" José Antonio rdanza.

En concreto, en el artículo se acusa a Ardanza de haber presionado para que la dirección del PNV paralizase la privatización de Urnietatel, la empresa de telecomunicaciones del municipio de Urnieta (Guipúzcoa).

Según "Kale Gorria", Ardanza habría logrado forzar la dimisión de los responsables de Urnietatel y que la empresa rompiese los acuerdos que ya había firmado con vistas a su privatización, ya que la entrada de esta operadora en el mercado podría haber agravado aún más la situación d Euskaltel.

En un segundo reportaje titulado "Fontaneros del PNV realizan lucrativos negocios con el nucleo duro del Partido Popular", la revista asegura que el móvil económico puede estar detrás de las reticencias de los peneuvistas a adoptar una política más independentista.

En concreto, esta información hace referencia a las adjudicaciones que de instituciones vascas habría recibido Mediasal 2000, sociedad que la revista relaciona con Miguel Angel Rodríguez, ex portavoz del Gobierno. Según el eportaje, esta empresa logró en los tres últimos años contratos públicos en el País Vasco por valor de más de 1.500 millones de pesetas.

La existencia de negocios como éste, según "Kale Gorria", "viene a explicar las reticencias de determinados líderes jelkides (del PNV) para afrontar con decisión una política que permita un cambio de marco político en Euskal Herria".

La tercera referencia a miembros o cargos del PNV figura en el reportaje titulado "Las diputados de la CAV pagan cesantías millonaias e irregulares a altos cargos", donde se afirma que decenas de representantes públicos reciben estas compensaciones especiales, que están exentas de retención fiscal.

La publicación incluye en sus páginas un listado con nombres de más de ochenta ex altos cargos de las Diputaciones vascas que habrían recibido estos "beneficios millonarios" entre 1987 y 1995.