El caso tiene su origen en la realización, poco antes de las elecciones autonómicas del 93, de unas obras de la Consejería de Política Territorial, que dirige José Cuíña, que al parecer se habían adjudicado varios meses después de que comenzaran los trabajos e incluso alguno de ellos estaba ya finalizado en el momento de la concesión.

Amador Vazquez, que se declara inocent, se enfrenta a una petición fiscal de seis años y un día de prisión por falsificación de documentos y otros seis de inhabilitación especial por prevaricación.

El ex delegado de Política Territorial afirmó desconocer el estado de las obras en el momento en que se iniciaron los trámites de adjudicación y declaró que "actué correctamente y tengo la conciencia muy tranquila".

Por su parte, el jefe del Servicio de Carreteras del mismo departamento, Fernando Villacé, implicado también en le proceso, sñaló que se siente utilizado y que veladamente "recibí de Amador Vazquez, la recomendación de adjudicar las obras a la constructora Hermanos Carrajo".

El constructor José Carrajo, el ingeniero Leopopoldo Gonzalez y el técnico de la consejería Manuel álvarez, todavía no han prestado declaración. Si bien éste último presentó hace meses, junto con Fernando Villacé, un documento de adjudicación de las obras con fecha varios meses posterior a la realización de las obras.

El cura Felisindo declaró ante de comparecer en el juicio "que aquí no se hizo ningún daño y por lo tanto estamos contentos, porque se beneficiaron estas gentiñas".

El caso mereció el pasado mes de septiembre un pleno extraordinario del Parlamento de Galicia. Una comisión de investigación parlamentaria dictaminó que de lo sucedido no se derivarían consecuencias políticas y cargaba las culpas sobre el cura de Tamaguelos, Felisindo Rodríguez. Este, según manifestó entonces el consejero José Cuíña, habría actuado de buena fe.