Los cuatro procesados, Carlos Américo Suzacq, del centro penitenciario de Carabanchel; Enrique Miguel Subiza, de Alcalá Meco; José Javier Merino y José María Sobrón, ambos de la prisión de Martutene, están acusados de un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte.

La fiscalía solicita para cada uno de los facultativos un año de prisión menor y el pago de una multa conjunta de 10 millones de pesetas. Por su part, la acusación particular pide 6 años de cárcel para cada uno de los procesados y 30 millones de pesetas de multa.

Suzacq y Subiza declararon en la sesión de hoy del juicio y afirmaron que sus actuaciones médicas fueron correctas en todo momento. Explicaron que si a Zalacaín no se le practicaron algunas pruebas, como habían determinado los doctores de la prisión de Orense, fue porque lo consideraban perjudicial para su salud y que incluso cabía el riesgo de muerte.

Subiza indicó que Zalacaín sufra habitualmente dolores en el pecho, pero que éstos no eran lo suficientemente agudos. Asimismo, aseguró que incluso quiso retener al paciente en la unidad de enfermería para su control, pero que el preso se negó a ello manteniendo una huelga de hambre para que le dejaran pasar al módulo para poder fumar, ya que Zalacaín consumía entre 3 y 4 paquetes de tabaco diarios y en la enfermería no se lo permitían.

Zalacaín, de 56 años, falleció el 30 de noviembre de 1990 al sufrir un segundo infarto de miocario en la prisión guipuzcoana de Martutene, tras haber pasado en los últimos años por varias prisiones del Estado.