Los hechos juzgado hoy se remontan a 1985, cuando el entonces alcalde de Ronda, el médico Julián de Zulueta, decidió paralizar la depuradora que trataba el 50 por ciento de las aguas residuales producidas por la población.

Para dejar sin funcionar la depuradora, alegó que este sería el único modo de conseguir que la unta de Andalucía financiase una planta de tratamiento de aguas capaz de atender al cien por cien las necesidades de la población.

Unos diez millones de litros de aguas residuales (aproximadamente diez mil metros cúbicos de líquido) pasaron a ser vertidos directamente al río Guadalevín.

Este hecho llevó a la asociación ecologista Silvema a presentar la denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Ronda, acusando al ayuntamiento de dolo y advirtiendo del peligro que suponía para las aguas del río, y que existían más de cinco puntos poblacionales que usaban este agua para regadíos, baños y ganado.

El fiscal inculpó a Julián de Zulueta en este hecho, por lo que ha solicitado una fianza de diez millones de pesetas y diez años de inhabilitación para ocupar cargos públicos. Su petición es extensiva al posterior alcalde, Manuel García.

Sin embargo, esta decisión no satisface a los autores de la denuncia, cuyo presidente, Saturnino Moreno, manifestó que "en lugar de haberse solucionado los problems que aún existen en el río Guadalevín, lo que se ha hecho es buscar un culpable para castigarlo".