Según fuentes de la Fundación Tutelar de Madrid (Futumad), que actuó como defensora en el procedimiento, al tener conocimiento de la situación de esta persona y considerar que se vulneraban sus derechos, puso los hechos en conocmiento del Ministerio Fiscal, iniciándose el procedimiento para rehabilitar legalmente su libre capacidad de obrar.

A juicio de Futumad, esta sentencia "respalda la defensa y el respeto de los derechos fundamentales de las persona con parálisis cerebral, y por tanto de todas aquellas que pudieran encontrarse en situaciones similares, porque reconoce que la incapacitación debe revocarse cuando el incapaz recobra la posibilidad de regir adecuadamente su persona y sus bienes".