El uzgado ha impuesto a la jueza una fianza de 7 millones de pesetas con el fin de poder hacer frente a las responsabilidades civiles y pecuniarias a las que pueda ser condenada y advierte que, en caso de no prestarla, podrían serle embargados sus bienes.

La acusación particular también requiere la suspensión de la jueza durante dos años para el ejercicio de su cargo, multa de 200.000 pesetas y una indemnización de 5 millones de pesetas para el querellante, Ramón Asensio Bolea.

En el auto de apertur de juicio oral, al que ha tenido acceso Servimedia, el juez José Cano Barrero señala que de las diligencias incoadas tras la presentación de la querella "aparecen indicios" de que la jueza, que instruía una causa por un presunto delito de estafa, realizó entre finales de 1993 y principios de 1994 "manifestaciones a los medios de comunicación sobre hechos que constaban en las expresadas actuaciones".

Entre esas revelaciones figuran que el monto de la presunta estafa podría superar los 15.000 millones e pesetas o que en los hechos podría estar implicado Juan Ramírez, funcionario de los juzgados de Marbella al que la jueza implicó en la presunta trama de corrupción judicial.

El juez indica en la resolución que no ofrece duda alguna que, en general, "el hecho de que un juez haga manifestaciones públicas dando a conocer hechos de los que tiene conocimiento como instructor de unas actuaciones penales ha de estimarse que, objetivamente, podrían tipificar el delito de revelación de secretos".

Agregaque, aunque la jueza ha negado los hechos imputados en la querella, los testigos declararon que la magistrada les hizo las manifestaciones que podrían ser constitutivas del delito, por lo que, a pesar de que el fiscal estima que no hay base para formular la acusación, el juez afirma que "parece como lo más adecuado" acordar la apertura del juicio oral.

Blanca Esther Díez ya fue condenada en marzo pasado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a un año de suspensión en su cargo y pago de una ulta de 100.000 pesetas por otro delito de revelación de secretos en relación a unas actuaciones realizadas como consecuencia de una querella presentada contra el funcionario Juan Ramírez por intrusismo profesional.

La jueza permanece desde el pasado mes de febrero suspendida de sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía admitiese a trámite la querella, presentada contra ella por Juan Ramírez.

Por otra parte, la jueza será uzgada los próximos 17, 18 y 19 de octubre por los delitos de retardo malicioso en la administración de Justicia, imposibilitar el ejercicio de los derechos cívicos reconocidos por las leyes, falsedad en documento público, prevaricación y revelación de secretos.