El ex director y el ex cajero de la residencia fueron también juzgados y el ministerio público solicitó para ellos una multa de 100.000 pesetas por incumplimiento de sus obligaciones de vigilar el destino de los caudales públicos.

El ex administrador se ocupaba de llevar la contabilidad y de hacer de habilitado pagador de los pensionistas residentes que lo deseaban.

El fiscal añade que el Instituto Nacional de Seguridad Social ingresaba a estos residetes sus pensiones en una cuenta abierta en la antigua Caja de Ahorros Provincial de Murcia, de la que era único titular el acusado.

El ex administrador hacía efectivas las pensiones una vez descontados los gastos de estancia, que ingresaba en otra entidad de ahorros. El ministerio público cifró en un principio en 3,8 millones de pesetas la cantidad distraída por el procesado en su provecho.