La moción es consecuencia de la interpelación al Gobierno que presentó la semana pasada la ex secretaria de Estado de Justicia, María Teresa Fernández de la Vega.

El Grupo Socialista quiere además que el Ejecutivo envíe a las Cortes un proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley del Poder Juicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por el que se adecúe el recurso de casación en el ámbito penal a las necesidades que se derivan del nuevo Código Penal.

El texto también aboga por la creación de al menos 40 plazas de audiencias provinciales, mediante la dotación a las secciones existentes de un magistrado más, o la creación de nuevas secciones y ampliación de las plazas que sean necesarias en el orden penal en el Tribunal Supremo.

Según el PSOE, también debería aprobarse un plan dirigid a establecer los mecanismos de colaboración precisos con la Administración local y tributaria que permitan el debido conocimiento de la situación económica de los imputados, a fin de garantizar debidamente la responasabilidad civil derivada del delito y la eventual condena a penas pecuniarias.