Este será uno de los ejes de la campaña con la que los socialistas difundirán por toda España su labor de oposición y sus alternativas a la política del Gobierno, según se recoge en la guía de estos actos, de más de cien páginas, a la que tuvo acceso Servimedia.

En el capítulo dedicado a la Justicia, los socialistas acusan al Gobierno de "entorpecer el imprescindible diálogo" en esta materia con actuaciones como la emprendida tras la negativa del Tribunal Suremo a reinsertar de forma automática en la carrera al ex juez Javier Gómez de Liaño, condenado por prevaricación.

"Los niveles de irresponsabilidad por parte del Ministerio de Justicia han provocado que, por falta de medios humanos y materiales, sea imposible poner en marcha correctamente las nuevas leyes de Responsabilidad Penal del Menor y de Enjuiciamiento Civil", aseguran.

"En ambos casos", añaden, "la improvisación y pasividad del ministro Acebes están generando unos niveles difícilmente suerables de caos en la Administración de Justicia".

La desatención de esta administración, afirman los socialistas, "se pone de manifiesto ante el dato de dos millones de asuntos judiciales pendientes en los juzgados, una media de espera en la resolución por encima de los dos años, en tanto que, paradójicamente, más de 500 plazas de jueces y magistrados están vacantes".

Esta situación, prosiguen, sólo ha recibido como respuesta por parte del Gobierno la Ley de Medidas para la Agilización de la Jusicia, "pomposamente llamada Plan de Choque", pero que sólo obedece, a su juicio, a las "presiones de determinados estamentos de la carrera judicial".

Frente a esta ausencia de respuestas, los socialistas defienden la propuesta aprobada el pasado 5 de marzo por la Comisión Ejecutiva Federal, con medidas concretas para agilizar la Justicia, todas ellas condicionadas a un aumento del gasto en este capítulo hasta llegar al 2% de los Presupuestos Generales del Estado.

Asimismo, los socialistas reitera en este documento las discrepancias que le separan del Gobierno, y que se centran en su oposición frontal a que los miembros del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos en una instancia ajena al Parlamento.