Emilio Olabarría, portavoz de Justicia de la formación peneuvista en el Parlamento vasco, dijo a Servimedia que la propuesta de los socialistas "supone el cumplimiento de un requerimiento constitucional", aunque destacó que no es suficiente y no constituye una novedad.

Según Olabarría, el que los tribunales superiores sean la última instancia en las comunidad autónomas es algo que ya ha pedido el CGPJ, y se refirió a que esta tesis ha sido apoyada en eta institución por los vocales de la Asociación Profesional de la Magistratura.

Señaló que el órgano de gobierno de los jueces mostró su respaldo a restar competencias al Supremo porque es algo que puede deducirse del artículo 152 de la Constitución, que establece que un órgano judicial radicado en cada conunidad autónoma agotará todas las instancias procesales, incluidos los recursos de casación.

No obstante, Olabarría se refirió a que las reformas no pueden quedarse sólo en las competencias de os tribunales autonómicos, sino que debe ampliarse para que la Justicia "no siga siendo el único poder del Estado que no se corresponde con los requerimientos de un Estado compuesto".

En este sentido, aludió a que el "plan Ibarretxe", además de exigir que el Tribunal Superior vasco sea la última instancia en la comunidad, también reclama un CGPJ propio y que los nombramientos de los magistrados del Tribunal Constitucional no se realicen sólo desde las instituciones estatales.