Así lo anunció hoy la subsecretaria del ministerio, Margarita Robles, quien dijo que la retirada de las asociaciones "no cambian nada, ni en cuanto ala Ley del Jurado ni en cuanto a las demás mesas para la reforma de las leyes", el calendario previsto.

A su juicio, la actitud de la asociaciones de jueces "sólo se puede entender en el sentido de que se quiere hurtar a los ciudadanos la posibilidad de participar en el jurado y en ese sentido tengo que ser absolutamente contraria a la posición que han mantenido" las asociaciones, a las que acusó de pretender retardar con su retirada la instauración del jurado.

"En último término, actitudes como stas lo que pueden llevar es al convencimiento de que lo que se quiere es no dar cumplimiento a las previsiones de lo que establece la Constitución y para ello se buscan todo tipo de excusas que yo no puedo compartir de ninguna de las maneras", agregó.

Robles insistió en que el Ministerio de Justicia ha cumplido con los compromisos de crear las correspondientes mesas de negociación, oyendo a las asociaciones profesionales de jueces, y afirmó que la sociedad española ha llegado a un nivel de madurez enel que se puede instalar perfectamente el jurado.

Por otra parte, reiteró que el Ministerio de Justicia tiene previsto llevar al Consejo de Ministros del próximo viernes la reforma en profundidad del régimen de la Prestación Social Sustitutoria (PSS), aunque no quiso avanzar su contenido. Dijo que esta reforma no va a abordar la insumisión, "porque no tiene nada que ver" con la PSS.

"Creo que no es bueno ni corresponde a la realidad equiparar la objeción de conciencia con la insumisión. Son dos cestiones absolutamente distintas", agregó Robles, que matizó que "no es este el momento de abordar la insumisión, sino que se hará en su caso durante la reforma del Código Penal".

Robles hizo estas manifestaciones al inicio del acto de entrega de despachos a 121 nuevos jueces, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense y al que también asistió el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Pascual Sala, quien rehusó valorar el condicionamiento del P para la renovación de los vocales del CGPJ a la de otras instituciones, como el Consejo de RTVE.

Sala afirmó, no obstante, que el CGPJ es el órgano de gobierno del tercer poder del Estado, por lo que, a su juicio, "tiene la sustantivación suficiente para que se provea por las fuerzas políticas con representanción parlamentaria de la manera más urgente posible".

Tampoco quiso pronunciarse Sala sobre las declaraciones del juez Marino Barbero contra los partidos políticos, diciendo que "no suelo haer opiniones propias sobre opiniones de los demás".