Según dijo a RNE el dirigente socialita, el acuerdo, que podría anunciarse oficialmente en las próximas horas, da respuesta a los problemas que tiene planteados la Justicia como poder del Estado y como servicio público, "muy deteriorado en su percepción y que necesitaba una acometida de conjunto".

En cuanto al sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, afirmó que "es un aspecto importante, pero no el único, ni el que más clara traducción tiene sobre la mejora del servicio para los ciudadanos".

A su juicio, era necesrio "pacificar" este órgano de gobierno de jueces y magistrados, que "ha estado sometido a fuego graneado durante demasiado tiempo, lo que redunda en desligitimación de la importante función que tiene que cumplir, que es escalafonar, que es inspeccionar, que es, en su caso, imponer disciplina y sancionar a los jueces que no cumplan con su trabajo. Y para ello hace falta un órgano que esté legitimado democráticamente".

Por ello, el PSOE opina que el CGPJ tiene que seguir siendo elegido por el Parlament, ya que, si fuera elegido por los propios jueces, "resulta difícil inspeccionar a quien te ha elegido o sancionar a quien te ha elegido". "Para los socialistas era crucial preservar la elección parlamentaria de los 20 miembros".

De esta forma, el Parlamento elegiría a 8 de los 20 miembros del CGPJ de entre "juristas de reconocido prestigio". Los 12 miembros restantes serán elegidos también por las Cortes de entre los 36 nombres que proponga la judicatura a través de dos vías: las asociaciones judiciaes y los jueces no afiliados. Este método, según López Aguilar, consigue el doble objetivo de preservar la soberanía parlamentaria y pacificar el órgano de gobierno de los jueces.

De cualquier forma, explicó que el objetivo fundamental de la reforma pactada entre el PP y el PSOE es resolver el problema más importante de la Justicia: "Su exasperante lentitud y su ineficiencia, que redunda en injusticia del sistema, en una justicia injusta, que protege a los que más tienen y desprotege a los que más necsitan de un poder del Estado eficiente".

Para ello, está prevista una profunda reforma de la oficina judicial, la agilización de los procedimientos, un aumento de la responsabilidad del Estado por mala administración o mal funcionamiento de la Justicia, la delimitación temporal de las actuaciones judiciales, la informatización de los juzgados, la redacción de una carta de derechos de los usuarios de la Administración de Justicia, etc.

"No se va operar un milagro de la noche a la mañana", continuó "pero se están sentando las bases para que la Justicia funcione mejor, sea más creíble y los ciudadanos se la crean".