Gozález argumentó que los tribunales "han respondido como deben" en este caso, al abrir un procedimiento penal ante la existencia de indicios de un posible delito.

No obstante, reconoció que "el hecho de que aparentemente un magistrado se haya compinchado con otros señores para organizar una conspiración" perjudica la imagen de los jueces.

En este sentido, señaló que Garzón y Gómez de Liaño, de los que recordó que están amparados por la presunción de inocencia, sólo son dos jueces que forman parte e una carrera judicial integrada por alrededor de 3.000 profesionales, por lo que no se debe cometer el error de creer que todos ellos pecan de lo mismo.